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Raid de un ministro K para forzar un decreto
Hernán Lorenzino
En su raíd, una cita en particular concentró el interés. Lorenzino se reunió a solas con el vicegobernador Gabriel Mariotto, el K más locuaz en su metralla contra Daniel Scioli. Luego se sumó a la mesa un emisario sciolista, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez.
A esa hora de la tarde, en la Legislatura sólo había una certeza: la reforma impositiva enviada por el Gobierno no tenía las manos levantadas necesarias para ser aprobada. En ese contexto se comenzó a explorar la vía de aceptar el pedido opositor de corregir el texto. No era el mandato que llevaba Lorenzino quien llegó a La Plata para imponer en la charla reservada el criterio que había hecho público un rato antes al plantear que Scioli podría disponer «por decreto» -aunque esa figura no existe a nivel provincial-, el impuestazo.
El ministro se abrazó a la letra fría la Ley Impositiva, que la oposición le aprobó el año pasado al gobernador, que autoriza en su artículo 92 el revalúo de los inmuebles rurales. El delegado K sostuvo que ese instrumento autoriza a Scioli a aplicar el revalúo.
Un scrum sciolista lo cruzó en lo que pretendió ser un debate legalista: Silvina Batakis, la ministra de Economía provincial, afirmó que sin la ley que establece la base imponible y la alícuota -la que tenía que tratar ayer la Legislatura- el revalúo es abstracto.
Como contraoferta, la provincia sugirió negociar con el FAP binnerista para ejecutar el modelo Santa Fe. Lorenzino se comprometió a transmitir la propuesta. Algo pasó entre La Plata y Capital porque mientras el FpV selló un acuerdo con el FAP para reformar el proyecto, desde Balcarce 50 bajó la orden contraria: el texto debe aprobarse sin retoques. Como un chiste negro, fue el propio oficialismo el que tumbó la sesión. A pesar de negociar que el FAP le otorgue quórum, la luz roja para el tratamiento tuvo ADN K.
Anoche, el relato voluntarioso sugería que en estos días se avanzará en dos frentes: una negociación meticulosa con la oposición y otra con la Casa Rosada para determinar cuál es, más allá de los pataleos, la postura explícita de la Presidente. Pero la pista primordial la dio Lorenzino ayer, temprano, y tiene una clave política: el kirchnerismo pretende que la reforma impositiva, que castiga a los chacareros, se aplique a través de una resolución directa del gobernador. Es decir: que se exponga en persona.
En cierto modo, que Scioli tenga su propia resolución 125, no en el sentido fiscal -en definitiva, la reforma le dará no más de 1.000 millones este año- sino en el lenguaje político al empujarlo a que tome, con su firma, una medida que enfurece al campo.
Ayer CARBAP mapeó 37 cortes y manifestaciones chacareras en la provincia. En este juego de dardos envenenados, la Casa Rosada quiere medir la lealtad K que Scioli posee en sangre en función de si se anima o no a aplicar un impuestazo vía decreto sin mediación del Parlamento.
Simple: exponerlo ante un sector que tuvo, al menos comparado con el desprecio con los Kirchner, consideración por el gobernador.
Los operadores andan a ciegas. Horacio González y José Ottavis, presidente y vice de Diputados, visitantes de Olivos la semana pasada, empujaron por un acuerdo con la oposición a la par del sciolismo ortodoxo. Luego acataron el mandato contrario.
Las brújulas cotizan en oro en la galaxia K.


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