Reabren pesquisa sobre funcionario

La Cámara Federal determinó que continúe la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del secretario de Obras Públicas, José Francisco López, al rechazar un recurso de apelación presentado por el funcionario.

López había pedido que la causa se considerara «cosa juzgada», planteo que había sido desestimado previamente por el juez Daniel Rafecas, a cargo del caso.

La causa se inició por una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sanz, en julio de 2008, pidiendo se investigue el presunto enriquecimiento ilícito a diversos funcionarios públicos, entre los que se encuentra López. El secretario de Obras Públicas argumentó que existía un «doble juzgamiento», ya que había un pronunciamiento en relación con la conducta por la que ahora es investigado.

Este primer proceso se inició en 2006, a partir de una denuncia contra López y otros funcionarios, luego de que un artículo periodístico publicara que en sus declaraciones juradas figurarían inmuebles con valores «mucho menores a los de mercado». En 2008, esa causa se archivó y López fue sobreseído.

Por eso, el secretario de Obras Públicas aseguró que la cuestión ahora denunciada «había sido ya objeto de pesquisa», y pidió, en consecuencia, que se lo investigue sólo por el período posterior al 28 de febrero de 2008, cuando se dispuso su sobreseimiento.

Según Rafecas, «entre ambas pesquisas no existía la identidad pretendida, pues mientras la primera estuvo orientada a determinar si López en las declaraciones juradas presentadas en los años 2003, 2004 y 2005 había insertado datos falsos en relación con el valor de los inmuebles adquiridos en la provincia de Santa Cruz, en la presente es investigado por el incremento desmedido de todo el patrimonio de López desde su ingreso a la función pública». En consecuencia, el magistrado desestimó el planteo de cosa juzgada. Esa decisión fue apelada y ahora confirmada por la cámara.

Para los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, la nueva investigación no constituye una afectación a la garantía constitucional que prohíbe el doble juzgamiento. «Más allá de la relación que entre ambas figuras pudiera existir en determinados supuestos, resulta claro que, en el caso bajo análisis, nos encontramos ante la dilucidación de eventos históricamente diferentes», precisaron, ordenando así continuar con la investigación.