Reabren una causa por el remate de bienes de Perón

Lorenzo Pepe

Una subasta de bienes de Juan Perón volverá a ser investigada por la Justicia. La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Mario Rotundo, titular del patrimonio familiar de Perón, y ordenó retomar las pesquisas. Se trata de una causa iniciada por el exdiputado nacional Lorenzo Pepe, que presentó una demanda judicial para evitar el pase a subasta de bienes que considera históricos.

La Sala II del tribunal resolvió, el último día hábil del año, sacar del archivo la causa a instancias de los pedidos presentados por el fiscal Guillermo Marijuan y por Pepe, que se presentó en el expediente como querellante. Para ello, revocó el sobreseimiento que había dispuesto el juez Julián Ercolini y le ordenó retomar la investigación.

Subasta

La causa arrancó en enero de 2011, cuando Rotundo, en su carácter de titular de la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos, sacó a subasta por internet 400 lotes con cerca de 14 mil productos que, según dijo, pertenecieron en vida a Perón. Pepe, exdiputado y secretario general del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, le pidió a la Justicia bloquear el remate.

El exlegislador alegó que con la subasta se violaba la Ley 25.197 que declara «bien cultural histórico» todo aquel que refiere «a la historia, incluida de las ciencias y las técnicas, la historia social, política, cultural y militar, así como la vida de los pueblos y de los dirigentes y de los pensadores». También denunció la posible violación de otras dos normativas referidas al robo, exportación ilegal o tráfico de bienes culturales.

Luego de la presentación judicial, Rotundo contraatacó con una demanda por supuestas calumnias e injurias contra Pepe, de la que el exdiputado fue sobreseído a mitad de año. En concreto, Pepe había acusado al tenedor de los supuestos bienes de Perón de haber tenido que huir de la Argentina por otra causa que le había iniciado un cirujano.

Crédito

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah dieron crédito al argumento del fiscal Marijuan en cuanto a que la nómina de objetos a subastar permitió establecer que algunos de ellos, «por su esencia, por lo que significan y por lo que pueden aportar, es dable estimarlos parte del patrimonio cultural» que debería ser preservado de su comercialización.

Y le ordenaron al juez analizar el caso a la luz de los resultados de un informe pendiente ordenado por la Secretaría de Cultura para la clasificación del material ofrecido en el remate.