Las partes estaban seguras de que recibirían el apoyo de los colombianos en el plebiscito del domingo, pero las urnas dieron una dura sentencia.
Tras la sorpresa inicial, el propio Santos fue quien arrojó al mar un bote salvavidas con la propuesta de convocar a todas las fuerzas políticas para buscar "espacios de diálogo". Pronto empezó a circular en sectores políticos la expresión "pacto nacional", con una participación heterogénea para que no se hunda la negociación, especialmente del partido de derecha radical Centro Democrático de Álvaro Uribe.
Pero el camino por el que aparentemente transitarán las tres partes (Gobierno, FARC y oposición) tendrá muchos obstáculos.
Los "uribistas" advertían antes del plebiscito que no se debía aprobar un acuerdo que promovía la "impunidad", en referencia a que los guerrilleros no purgarán penas efectivas de prisión a cambio de someter a un sistema de justicia transicional, y que era inaceptable que los jefes de las FARC sean elegidos en el futuro a cargos públicos.
Aunque las objeciones del Centro Democrático son muchas más, tan sólo en esos dos puntos se plantean grandes dificultades, ya que los observadores se preguntan si los guerrilleros estarían dispuestos en una renegociación a ir a la cárcel y a privarse de participar en política, que en última instancia es el objetivo de un proceso de desmovilización y desarme.
Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, señaló que la renegociación no implica reescribir las 297 páginas del acuerdo, sino examinar algunos puntos.
Varios observadores destacan la actitud de Santos de someter el acuerdo a un plebiscito sin estar obligado a ello, pues ninguno de los procesos de paz de las tres últimas décadas con grupos armados ilegales requirió una refrendación popular.
Algunos abogados consideran que el acuerdo se puede implementar en términos jurídicos precisamente porque el jefe de Estado tiene facultades para llegar a acuerdos de paz sin necesidad de una refrendación, aunque admiten que políticamente no puede desconocer el efecto del plebiscito.
Según Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, la decisión de los colombianos "solamente tiene fuerza vinculante frente al presidente de la República" y tiene consecuencias más políticas que jurídicas.
Una forma de lograr la implementación de los acuerdos, según Beltrán, sería que el Gobierno deje en manos del Congreso la implementación del acuerdo. "Ese gran acuerdo podría tener efectos mediante decisiones que adopte el Congreso. La Constitución prevé que el Congreso puede conceder amnistías o indultos generales", recordó el jurista. De acuerdo con analistas y políticos, la implementación también podría hacerse en el marco de una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución.
Las FARC eran partidarias de ese mecanismo como forma de refrendación e implementación, pero siempre tuvo la objeción del Gobierno, que afirmaba que así se corría el riesgo de que el acuerdo sufriese grandes reformas y que de paso se hicieran reformas constitucionales inapropiadas. Irónicamente, esta posibilidad, une a polos opuestos como las FARC y el "uribismo".
| Agencia DPA |
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