2 de agosto 2012 - 00:39

Rechazo de provincias a baja calificación de Standard & Poor’s

Alcanza a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, que apuran emisiones de bonos en dólares

Frente al «creciente deterioro en sus resultados fiscales», la calificadora internacional Standard & Poors (S&P) les bajó la nota de largo plazo en escala nacional a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

La evaluación generó un fuerte cuestionamiento público por parte del gobernador mendocino Francisco «Paco» Pérez, y malestar en el resto de los Ejecutivos, que no fue amplificado de manera oficial. A todos ellos los encuentra en la búsqueda de fondos extra, de la mano de la colocación de deuda.

«Consideramos que los gobiernos locales en Argentina están afrontando un entorno económico más desafiante caracterizado por la desaceleración económica y una elevada inflación, así como crecientes desafíos para financiar sus déficits fiscales previstos para 2012», afirmó S&P.

En esa línea, enfatizó que «las tendencias de todas las entidades calificadas se mantienen negativas, considerando que el marco económico local podría continuar deteriorándose».

«Las provincias están afectadas en general por el contexto macroeconómico negativo que prevalece en el país», remarcó, en definiciones que golpearon también al Gobierno nacional.

Respecto del distrito que gobierna Daniel Scioli, que contribuye con el 36% del PBI, sostuvo que «la baja se explica por su creciente y elevado déficit fiscal, que se espera se mantenga en 2012, así como por la incertidumbre política para obtener transferencias adicionales del Gobierno central para fondear tales déficits».

La calificación hizo reaccionar al mendocino Pérez, para quien fue una «irresponsabilidad». «Seguramente porque no han sido contratados por la provincia es que sacan esa calificación; que vengan y conozcan los números de Mendoza», los desafió, y los invitó a hablar con el ministro de Hacienda, Marcelo Costa.

Preocupado por un potencial impacto negativo en las inversiones, el mandatario justicialista instó a la calificadora norteamericana a que visiten Mendoza para observar su actividad económica, los 14 parques industriales y «la curva negativa que tiene el crecimiento del empleo público».

En el marco de las urgencias financieras que atraviesan las provincias, Pérez batalla la obtención de fondos adicionales. Por de pronto, las altas tasas que auguran los mercados financieros mundiales pusieron en stand by la colocación de un bono internacional, aunque avanzó en la toma de préstamos.

Pero Pérez no es la excepción. En las últimas semanas colocaron bonos y Letras del Tesoro también los justicialistas Scioli y José Manuel de la Sota (Córdoba), mientras que hará lo propio el neuquino Jorge Sapag (MPN).

En este marco, ahora S&P bajó las calificaciones de largo plazo en escala nacional de las provincias de Buenos Aires (a raA desde raAA-), Córdoba (a raAA- desde raAA), Mendoza (a raA+ desde raAA) y Neuquén (a raA+ desde raAA).

Además afirmó la calificación en escala nacional de la Ciudad de Buenos Aires (en raAA); bajó la calificación de corto plazo en escala nacional de Neuquén (a raA-1 desde raA-1+); afirmó la de corto plazo en escala nacional de la provincia de Córdoba (en raA-1+) y afirmó la calificación de corto plazo en escala nacional de la Ciudad de Buenos Aires (en raA-1+).

Deterioro

Según S&P, se espera un «deterioro fiscal significativo de las provincias durante 2012 por la desaceleración económica, la elevada inflación y los crecientes desafíos para financiar sus déficits fiscales». En esa línea remarcó que la «desaceleración económica» está afectando los ingresos propios y por coparticipación, y que «la elevada inflación» ejerce presión sobre «los gastos, en especial los salariales, que representan más del 50% de los desembolsos».

La agencia también destacó que «además de las necesidades regulares de financiamiento de las provincias, la incertidumbre sobre las transferencias del Gobierno central exacerba la brecha de financiamiento para la mayoría de las provincias y genera más presión para reducir el gasto de inversión y/o aumentar la dependencia de emisiones de corto plazo para financiera gasto operativo», agregó. Respecto del último punto, advirtió que «constituye un riesgo adicional al momento del refinanciamiento en el actual contexto».

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