Reclamó la Corte fondos y libertad a los jueces

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, inauguró ayer el año judicial con un discurso en el que mostró una postura distante del Gobierno, al asegurar que no era un momento para «pensar en las próximas elecciones», sino «en las próximas generaciones», y respaldar posiciones como el impulso a los sistemas de arbitraje (cuestionados por el Ejecutivo) y el reclamo de «reglas claras, previsibles y permanentes para la seguridad jurídica», en referencia a la actividad empresaria. Además de fijar las prioridades en la agenda de 2009 del tribunal, entre las que se encuentran acelerar las causas por delitos de lesa humanidad y los juicios de jubilados, Lorenzetti subrayó la necesidad de una Justicia autónoma, así como de dejar de lado «pequeñas vanidades» para trabajar de manera colec-tiva.
El llamado al trabajo en conjunto fue realizado frente los representantes más importantes de Poder Judicial y al resto de los integrantes del cuerpo (la vicepresidente Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay), a excepción del ministro Carlos Fayt. Conocida por la fuerte impronta de personalidad de cada uno de los miembros del cuerpo, el discurso de Lorenzetti apuntó al diálogo y a la gestión, tanto a nivel interno como en su relación con la sociedad.
Frente a un auditorio que desbordó la capacidad de la Sala de Audiencias en el acto de apertura del «año judicial», el presidente de la Corte llamó a cambiar el sistema vigente, trabajando por una Justicia más transparente, equilibrada y diligente. «Afianzar la Justicia también significa acelerar los tiempos», destacó en relación con los diferentes cruces entre los tres poderes, que se han producido en los últimos meses por las demoras en los procesos por crímenes de lesa humanidad. En este sentido, señaló como una prioridad del tribunal impulsar el avance de las investigaciones, ya que «tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencias, porque no queremos una nueva frustración».
La propuesta central de trabajo del presidente de la Corte para 2009 fue el diálogo y el trabajo en conjunto de las diferentes áreas que integran el Poder Judicial, así como de los otros dos poderes que integran el Estado. Además, señaló la importancia de fomentar la ideas de gestión, de una «justicia digital» y de una solución más práctica a los conflictos, para acelerar los tiempos de los procesos. El proyecto principal en relación con este tema es la digitalización de la causas por reclamos de haberes jubilatorios, a partir de un convenio que Lorenzetti firmó la semana pasada con la ANSES y el Consejo de la Magistratura.
Punto central
En esta línea, expresó la intención de «incentivar desde nuestra Corte y desde el Poder Judicial a los demás poderes del Estado, para que juntos implementemos sistemas de mediación, de arbitraje, una Justicia más cercana a la gente, una Justicia que soluciona conflictos». La afirmación tocó un punto central de la política judicial del Gobierno, que el Ejecutivo en general ha impugnado los procesos de arbitraje y los ha remitido a la supervisión de la Corte, acusando esta metodología de ser una «privatización de la Justicia», en causas como el caso Bulgheroni o Yacyretá. La cuestión arbitral tiene una larga data conflictiva, como el conocido caso Sargo (demanda contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en 1973, resolución que Juan Domingo Perón pidió a la Corte que revisara, o el arbitraje por el caso Meller, que devino en la destitución de la llamada «mayoría automática» de la Corte era Menem.
Lorenzetti también subrayó la importancia de la autonomía del Poder Judicial, y afirmó que el cuerpo nunca iba a «decirles a los jueces cómo deben resolver sus sentencias. Es el gran ámbito de discrecionalidad judicial». Agregó que para que esta independencia fuese real, «además de la autonomía de presupuesto, se requiere que este presupuesto sea suficiente». El reclamo presupuestario solapado fue afirmado frente las autoridades más importantes del Poder Judicial, entre las que se destacaban el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández; el procurador general de la Nación, Esteban Righi; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos; el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; el auditor general, Leandro Despouy; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Luis Cigogna. También estaban presentes representantes del Poder Legislativo, de organismos de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, de gremios judiciales y académicos.

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