Reconoció Garré que la droga se cargó al vuelo en la Argentina

Nilda Garré, Julio De Vido

El Gobierno nacional reconoce por primera vez que el tráfico de los 944 kilos de cocaína incautada el 2 enero en Barcelona en un avión piloteado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá junto a Matías Miret pudo tener origen en el país.

La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, admitió que en la Argentina hay aeropuertos que no tienen vigilancia policial. «Hay controles que se han relajado por las superposiciones de organismos de seguridad», dijo la funcionaria en declaraciones a radio Continental, al ser interrogada por el caso del narcoavión que aterrizó en España, algo que este diario ya había adelantado de fuentes oficiales hace casi una semana.

Lo que no dijo es que durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa había impulsado el Decreto Nº 825/2009 por el que Cristina de Kirchner creó la Base Aérea Militar Morón, y de hecho se dio por válida la superposición de responsabilidades entre la Fuerza Aérea y la Administración Nacional de la Aviación Civil, organismo que comparte el predio de la base-aeródromo público y que tiene las funciones de fiscalizar toda la actividad aerocomercial civil.

Los carpetazos en la Justicia penal económica entre el jefe del los aviadores, Normando Costantino, y el titular de la ANAC, Alejandro Granados, para desligarse de las fallas en el control del aeródromo que habrían permitido subir la cocaína en Morón son resultado de esa equívoca superposición generada en el decreto de marras. Garré se refirió a aquel contrapunto al sostener que «estamos viendo que se discute entre la Fuerza Aérea y ANAC quién tenía la obligación de ejercer el poder de policía», en Morón.

Convenio

Más tarde, Costantino y el entonces zar de la aviación civil Rodolfo Gabrielli, en abril de 2010 firmaron un Convenio de Uso Compartido del Aeródromo, que tampoco dejó aclarado el asunto. Lo prueba la decisión que tomó Gabrielli de conceder un permiso precario a la empresa de seguridad privada Eagle, para vigilar el denominado puesto Charly, en la cabecera norte, acceso a la plataforma donde estuvo estacionado por más de 50 días el avión secuestrado en España. Su sucesor, Granados, desplazó a Eagle y licitó el servicio de vigilancia, contrato que ganó la firma USS, que también está en la lista de testigos citados por el juez Alejandro Catania, quien investiga el presunto tráfico de estupefacientes en el avión de los Juliá.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, no bien aterrizó luego del periplo con Cristina de Kirchner, pidió un informe pormenorizado del caso del narcoavión. El jefe de los aviadores logró su propósito, llevar el escándalo originado en la base aérea de Morón al centro del poder. De Vido tiene bajo su órbita a Alejandro Granados, titular de la ANAC, y también a Arturo Puricelli, ministro de Defensa, quien llegó a esa cartera desde la Dirección de Fabricaciones Militares que depende de Planificación Federal. El ministro recibió los informes por escrito. La preocupación tiene razones comerciales y de política exterior. De confirmarse que la carga de 900 kilos de cocaína salió del país, será un escenario de riesgo para la calificación de la terminal Ezeiza que tiene pendiente una auditoría de la Federal Aviation Administration (FAA), ente de calificación estatal norteamericano. La FAA había fijado para el segundo trimestre de 2011 la realización de una inspección al sistema nacional de aeropuertos y a la actividad aerocomercial (habilitaciones), instancia que viene prorrogada desde 2009, por pedido de Gabrielli, ex titular de la ANAC. Una baja en la categoría por las fallas en la seguridad representa pérdidas millonarias porque se reducen las frecuencias de los operadores aéreos, amén de que dificulta la entrada de vuelos nacionales a frecuencias en el territorio de los Estados Unidos.