El proyecto deja afuera del cálculo para el pago de indemnizaciones el aguinaldo y todo tipo de bonos. Habrá un amplio blanqueo y el fin de la acción penal.
Textos. Los tres proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso mantienen en buena medida los puntos conversados el año pasado con la CGT y endurece otros.
La reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso a través de tres proyectos de ley buscará abaratar los despidos al poner un límite a las indemnizaciones mayor que el consensuado a fin del año pasado con un sector de la CGT y reducir a un año el plazo de prescripción para las acciones legales contra empleadores, cuando el período vigente y el negociado con la central sindical era de dos años. A cambio, la iniciativa mantiene un elemento clave para el sindicalismo tradicional: la creación de una agencia evaluadora de tecnologías de salud ideada para poner freno a los juicios contra obras sociales y prepagas, cuyos dictámenes serán "vinculantes" para la Justicia.
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Los tres proyectos ingresados al parlamento sobre el filo del fin de semana mantienen a grandes rasgos los puntos discutidos el año pasado con la CGT. Incluso omiten un capítulo sobre tercerización que había motivado la protesta de Hugo Moyano y que significó una fractura en el vínculo entre el camionero y la administración de Mauricio Macri. Las reformas fueron planteadas con eje en la "regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social, registración laboral y fondo de cese sectorial", por un lado; "Capacitación laboral continua" (pasantías), por otro, y la tercera sobre la "Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud" (Agnet).
Entre los puntos que más discusión habían generado el año pasado con la CGT se destacan de los proyectos los cambios a la ley de Contrato de Trabajo. En este punto figura en una de las iniciativas la flexibilización del concepto de "irrenunciabilidad", que en la legislación vigente prohíbe la firma de acuerdos individuales con resignación de contratos superadores de los colectivos. De este modo, en caso de aprobarse el paquete, un trabajador podrá renunciar a mejoras obtenidas por encima de las negociadas en convenios laborales generales.
En cuanto a las indemnizaciones el Gobierno volvió a una versión más restrictiva que la conversada con la CGT. En el texto enviado al Congreso se señala que quedarán excluidos de la base salarial tomada en cuenta para el cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador". En la versión anterior, de acuerdo a los cambios propuestos por abogados de la central, estaba previsto dejar afuera del cálculo "la parte proporcional del sueldo anual complementario" así como "la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación de desempeño y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
Mientras que la propuesta parlamentaria reduce de los actuales dos años a un año el plazo de prescripción para la acción legal por despido. Ese punto figuraba en esos términos en los primeros borradores presentados por el Gobierno a la CGT pero en la última versión, de noviembre pasado, el Ministerio de Trabajo había aceptado volver al plazo vigente.
Las negociaciones hasta entonces estuvieron en cabeza de un grupo de abogados de los sindicatos más importantes. Al frente se encontraba Federico West Ocampo (Sanidad) acompañado por Alberto Tomassone (Comercio), Marta Pujadas (albañiles, Uocra), Horacio Ferro (gastronómicos), Pablo Smurra (metalúrgicos, UOM), Brenda Escobar (panaderos) y Hugo Antonio Moyano (camioneros). El hijo de Hugo Moyano fue el encargado de romper el entendimiento que había sobre varios de los ítems de aquel acuerdo a partir de una disidencia en la habilitación de más tercerizaciones que consagraba el proyecto anterior. Esa objeción, que incluyó un ida y vuelta entre el hijo abogado de Moyano y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, escaló en una confrontación que terminó por involucrar al jefe de familia y que significó, además, la ruptura de la CGT.
Otro de los proyectos enviados al Congreso sostiene los beneficios que el Ejecutivo había impulsado para empresarios con trabajadores no registrados. Con el alegado propósito de impulsar un blanqueo el texto legislativo propone, para los empresarios adherentes, la extinción de la acción penal para los empleadores fuera de regla así como una amplia condonación de multas y su baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Fija un año para la inclusión en el blanqueo, con una condonación total de multas para los inscriptos en los seis primeros meses y del 70% para los ingresados en el segundo semestre.
Uno de los puntos de la iniciativa contempla que en caso de detectarse empleo no registrado en una empresa comprendida en el blanqueo caerán los beneficios económicos otorgados y se les obligará a ingresar "la proporción de la deuda condonada más intereses y sanciones" aunque no prevé la aplicación de la ley penal, ya para entonces extinguida. Los asalariados incorporados al régimen, en tanto, podrán computar hasta 60 meses de aportes (cinco años) cuyo costeo quedará a cargo del Estado.
Los proyectos también prevén la vuelta de las pasantías, que quedarían disociadas de un vínculo laboral y podrían extenderse por hasta 12 meses (con prestación de tareas por hasta 30 horas semanales), y la creación de "fondos de cese laboral" a imagen y semejanza del vigente en el sector de la construcción, en reemplazo de los mecanismos habituales de preaviso e indemnización por despido. Esa herramienta, pensada para sectores de alta rotación, deberá contar con acuerdo de cada gremio y la cámara empresaria del sector correspondiente.
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