18 de noviembre 2009 - 00:00

Reforma política sufrió ya 50 cambios

Graciela Camaño lee el dictamen de mayoría del oficialismo que se amplió de 88 a 109 artículos, junto a Gustavo Marconato. Detrás, el director nacional electoral, Alejandro Tulio.
Graciela Camaño lee el dictamen de mayoría del oficialismo que se amplió de 88 a 109 artículos, junto a Gustavo Marconato. Detrás, el director nacional electoral, Alejandro Tulio.
«Adjunto el predictamen en su última versión, con las disculpas del caso, pero como saben las negociaciones han sido arduas». Vía e-mail, Graciela Camaño comunicó a un selecto grupo de diputados kirchneristas la versión definitiva de la reforma política que, con más de 50 modificaciones, se votará en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados.

El correo electrónico fue disparado ayer apenas tres horas antes del inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside Camaño. Para aplacar el rechazo de radicales, socialistas, macristas, peronistas disidentes y bloques de centroizquierda, la Casa Rosada debió reescribir el proyecto que se amplió de los 88 artículos originales que envió el Poder Ejecutivo al Congreso a un total de 109.

Luego de más de tres horas de debate, el kirchnerismo logró firmar el dictamen de mayoría que deberá reunir al menos 129 votos positivos, la mitad más uno del total, en la sesión de esta tarde en la Cámara de Diputados. Un final abierto en la última batalla legislativa del año entre oficialismo y oposición, ya que los 107 votos propios del kirchnerismo se verán ampliados con el exiguo apoyo del bloque de la Concertación, el Frente Cívico de Santiago del Estero, algunos resbaladizos independientes como Lorenzo Borocotó y líberos peronistas, y algunos legisladores del centroizquierda.

Cristina y Néstor Kirchner ordenaron a su bloque, comandado por el santafesino Agustín Rossi, ceder en todo el contenido del proyecto menos en las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. La estrategia de Olivos consiste en asegurar así un solapado adelantamiento electoral a través de las elecciones primarias, donde quedaría expuesto en primer término el nivel de adhesión de cada uno de los potenciales candidatos 2011 en las urnas, y la elección general funcionaría como un balotaje al que los postulante deberán llegar con acuerdos y alianzas ya firmados.

Los cambios más sensibles que se introdujeron en el proyecto original presentado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, consistieron en bajar el piso de requisitos mínimos para habilitar la participación electoral de partidos y candidatos. Se exigirá entonces sólo el 4 por mil de afiliados -en vez del 5 por mil de adherentes- sobre el total del padrón electoral, repartidos en cinco distritos, para poder constituir un partido. Y se baja del 3% al 1,5% la cantidad de votos sobre el total del padrón que se deberán obtener en las elecciones internas para poder acceder a la presentación de candidaturas en la general. Todas modificaciones reclamadas por el centroizquierda de Vilma Ibarra, Fernando Pino Solanas y Carlos Raimundi.

Pero también, a petición del ARI de Elisa Carrió, se eliminó la prohibición de la presentación de candidaturas en los casos de procesamientos sin sentencia firme, una cláusula que violaba el Pacto de San José de Costa Rica y que ahora habilita incluso a Luis Patti a volver a presentarse como candidato, tras la impugnación de su diploma de legislador electo impulsado por el oficialismo.

Incluso el Gobierno incorporó reclamos de la Justicia Nacional Electoral como el requisito de caducidad de la personería en caso de que el partido político no esté conformado en cinco distritos, una exigencia que ya era aplicada por vía jurisprudencial.

Se eliminaron las listas colectoras y las espejo, que permitían a un mismo candidato postularse en distintas agrupaciones y en distintos cargos a la vez y, a pedido del PRO, la Coalición Cívica y la UCR, se fijó como fecha exacta de realización de las elecciones primarias el segundo domingo de agosto de 2011. También se incorporó el reclamo opositor de habilitar un recurso directo ante la Cámara Nacional Electoral por resoluciones del Ministerio del Interior sobre distribución y asignación de aportes.

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