Remedios-gate: el juez indaga por los aportes de campaña

El juez federal Norberto Oyarbide comenzará esta semana a profundizar en la pista que vincula la causa denominada «mafia de los medicamentos» a aparentes irregularidades en los aportes a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, en 2007. El magistrado indagará hoy a Hernán Diez, actual director de Lotería Nacional y que era parte del grupo que manejaba el financiamiento del Partido de la Victoria. Pasado mañana, el juez hará lo propio con Sebastián Gramajo, ex legislador porteño y ex tesorero de la campaña del kirchnerismo. El ex superintendente de Servicios de Salud (SSS) Héctor Capaccioli, a quien se atribuye la tarea de recaudador, fue indagado hace dos semanas.

A diferencia de Capaccioli, que entre 2006 y 2008 ocupó la jefatura de la SSS, ni Diez ni Gramajo tenían vinculación directa con la circulación de fondos públicos hacia las obras sociales, el eje de la investigación de Oyarbide. Pero sí figuran en las escuchas telefónicas que el juez recogió durante el trámite de la causa. En esas desgrabaciones aparecen también los empresarios Néstor Lorenzo (detenido) y Gabriel Brito (estuvo encarcelado).

Las indagatorias de esta semana sugieren un interés de Oyarbide por avanzar en la línea del dinero de campaña. De hecho, cuando citó a Capaccioli lo imputó, entre otros delitos, por el supuesto encubrimiento de activos de origen espurio. Sin embargo, no se prevén detenciones inminentes.

Allegados a Diez y a Gramajo le adelantaron a este diario que ambos presentarán un descargo y también responderán las consultas de Oyarbide. En su oportunidad, Capaccioli también expuso un descargo, pero se negó a contestarle al juez.

En línea con la argumentación de «Capa», los citados esta semana dirán que en el comando electoral del FpV cumplían apenas «una función técnica», que, en su desarrollo, se ajustó a todos los requisitos legales para los aportes de campaña. Además, alegarán que esos fondos fueron ingresados a cuentas bancarias, y que según la legislación, el ente de contralor de eventuales maniobras de lavado debe ser el propio banco.

Ambos también apuntarán a Brito como su supuesto extorsionador en maniobras que involucraban la venta de medicamentos adulterados y la provisión de troqueles falsos de remedios para el cobro de reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE).