Remedios: involucran a empresas en control

Juan Manzur

El Gobierno pondrá en vigencia esta semana un nuevo sistema informático de seguimiento de los medicamentos para disipar las sospechas en torno del mecanismo de pago de reintegros a las obras sociales sindicales. Como anticipó este diario, el esquema involucrará a los laboratorios con mayores responsabilidades en garantizar la legitimidad de los remedios circulantes en el sistema de la seguridad social.

La Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) dará a conocer una resolución que reglamentará el nuevo sistema, establecido a su vez en una normativa del Ministerio de Salud publicada hace dos semanas en el Boletín Oficial.

Las modificaciones fueron impulsadas a partir del avance de la causa judicial por la denominada «mafia de los medicamentos», que llevó a la cárcel al jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y que tiene en la mira a otros dirigentes sindicales, así como empresarios del rubro de salud y funcionarios del área.

El eje del sistema será un programa informático que obligará a los laboratorios a dar cuenta de toda la cadena de trazabilidad de cada remedio. Hasta ahora, el único elemento que permitía conocer el circuito eran los troqueles, cuya legitimidad fue puesta en cuestionamiento tras detectarse casos de falsificación y adulteración en el expediente judicial.

La causa que instruye el juez federal Norberto Oyarbide investiga, entre otros puntos, una serie de irregularidades en el pago de reintegros a las obras sociales sindicales por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo del Estado que se encarga de devolverles a esas entidades el valor de los tratamientos médicos más complejos.

En cambio, de momento quedó descartada la iniciativa que impulsaba un sector del Gobierno de crear una suerte de banco de drogas, administrado desde la propia APE. «Por una cuestión de orden práctico el Estado no está en condiciones de comprar todos los medicamentos que necesitan las obras sociales», le explicó a este diario uno de los funcionarios que impulsó el proyecto.

Del lado sindical, la iniciativa había sido motorizada por los denominados Gordos de la CGT, líderes de grandes gremios de servicios enfrentados con Hugo Moyano. Los Gordos como Armando Cavalieri (Comercio) y Carlos West Ocampo (Sanidad) impulsaban la idea para despegar al sindicalismo de las sospechas, pero de fondo apuntaban también a recortarle a Moyano un centro de poder.

En los últimos años, la gerencia general de la APE estuvo siempre a cargo de un abogado puesto por el camionero. Recién hace dos semanas el jefe de la CGT aceptó sacar de ese lugar al letrado Daniel Colombo Russell, y que en su lugar fuese nombrado un hombre de confianza del ministro de Salud, Juan Manzur. El tucumano Martín Alves debutó con una reunión con algunos dirigentes de la CGT.