Remedios: Servini ya reabre pesquisa sobre los fondos de la campaña oficial

La jueza María Servini de Cubría reactivó ayer la causa que investiga las supuestas irregularidades en los fondos de campaña de Cristina de Kirchner, al solicitar la documentación vinculada a las droguerías que aportaron cheques a su candidatura y son investigadas por tráfico de medicamentos.

La jueza María Servini de Cubría reactivó el martes pasado la causa por supuestas irregularidades en los fondos de la campaña presidencial de 2007, al requerir a su par, Norberto Oyarbide, las copias del expediente y las escuchas telefónicas de la pesquisa que impulsa el magistrado por la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos a obras sociales por parte de droguerías, que habrían hecho aportes a la candidatura de la Presidente.

Esas grabaciones incluirían conversaciones que el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, arrestado el viernes pasado, habría mantenido con el ex superintendente del Servicio de Salud y recaudador de la campaña de Cristina de Kirchner, Héctor Capaccioli, entre otros funcionarios kirchneristas. En la causa que lleva Oyarbide también habría escuchas telefónicas entre Lorenzo y el empresario Gabriel Brito, de Global Farmacity, quien habría aportado $ 310 mil a la campaña presidencial y a quien el fiscal Raúl Plee estudió investigar por presunto lavado de dinero.

Informe

En este punto, desde el juzgado señalaron que la situación de Brito, por ahora, estaría formalmente aclarada, ya que presentó un informe bancario según el cual él tiene una cuenta de la que salieron los fondos, y una escribana pública ratificó esa situación ante la Justicia.

Servini de Cubría pidió además al fiscal Jorge Di Lello que le enviara la causa a su juzgado, ya que el expediente había sido derivado a su fiscalía. La pesquisa de Di Lello se centra sobre los cheques por $ 200 mil que habría aportado a la campaña presidencial Sebastián Forza, dueño de la droguería BairesMed y de la empresa Seacamp y una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, supuestamente vinculado al tráfico de efedrina.

A esta línea de investigación se podrían sumar las fotocopias de los aportes de campaña que Oyarbide encontró en el domicilio de Néstor Lorenzo por $ 1 millón, durante un allanamiento en diciembre pasado y que ya remitió al juzgado de Servini, según señaló el juez.

La tercera medida que ordenó la jueza fue la certificación del expediente que lleva el juez Ariel Lijo. Este magistrado tiene a cargo una denuncia de la Coalición Cívica sobre supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Héctor Capaccioli, por sus supuestas gestiones con las droguerías investigadas durante la campaña.

Ratificaciones

La jueza electoral estudia, además, tomar otras medidas sobre la denuncia iniciada por Ricardo Monner Sans. El abogado ratificó en distintas presentaciones la acusación. En la última, entregada hace unos días, había solicitado que la jueza pidiera copias de la causa que tramita en el juzgado de Oyarbide y pudieran servir como elementos de prueba.

La investigación impulsada por el juez desde 2007 sobre lo que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña llamó «la mafia de los medicamentos» dispersa así sus conexiones en las numerosas causas que tramitan en Comodoro Py vinculadas al tema. Una ramificación que ya se llevó por delante al primer funcionario de gobierno el lunes pasado, con la salida del subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, que ya se extiende sobre Capaccioli, a quien Ocaña señala como uno de los supuestos responsables de este entramado mafioso, y que podría llegar, de avanzar la investigación de Servini de Cubría, hasta la mismísima Cristina de Kirchner.