Remediosgate: indagan a ex funcionario de Salud

El ex encargado del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación Roberto Loiácono será indagado hoy por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto tráfico de medicamentos contra el cáncer y el HIV adulterados.

El ex funcionario y su hijo, Fernando Loiácono, gerente de la droguería Biodrugs, se presentaron el lunes pasado de manera espontánea en el juzgado, una semana después de que el magistrado ordenara su detención. Su abogados defensores, Eduardo Barcesat y Gonzalo Díaz Cantón, presentaron ayer sus pedidos de excarcelación, que el juez deberá resolver en los próximos días.

Loiácono y su hijo están acusados de la presunta venta ilegal de medicamentos que debían repartirse de manera gratuita, a través de Biodrugs. El ex titular del Banco de Drogas ocupó ese cargo hasta marzo de 2008, cuando la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, dispuso su salida, luego de iniciarle un sumario por supuestas incompatibilidades con su cargo.

También está acusado de recibir supuestos «retornos» del Policlínico Bancario, vinculados a una serie de auditorías médicas. El centro de salud es el eje de la pesquisa de Oyarbide y ya generó los procesamientos del titular de La Bancaria, Juan José Zanola, y su mujer, Paula Aballay, ex gerente de Atención a Beneficiarios del Policlínico.

Por otro lado, la defensa de Aballay presentó ayer ante la Cámara Federal la apelación de su procesamiento como supuesta organizadora de una asociación ilícita dedicada al tráfico de remedios adulterados, que habrían sido suministrados a afiliados de la obra social sindical.

Crítica

El escrito critica duramente la actuación del magistrado y asegura que «el auto de procesamiento es de gran confusión, con referencias a un sinfín de supuestos elementos probatorios que, o bien nada indican con relación a la existencia de un suceso ilícito o, en el caso en el que sí podrían vincularse con un hecho a investigar, nada sugieren acerca de la participación de nuestra asistida en la supuesta maniobra prohibida».

Además de argumentar que el juez ha sido dogmático en su fundamentación para procesar con prisión preventiva a Aballay, el escrito resalta que fue la propia Asociación Bancaria la que presentó la denuncia contra la droguería San Javier por supuestas irregularidades financieras en 2006 y que luego derivó en la pesquisa de Oyarbide.

También subraya que en la investigación «fueron realizadas gran cantidad de medidas (un festival de allanamientos, detenciones, testigos de identidad reservada, etc.), sin posibilidad alguna de control por parte de las distintas defensas, en virtud del extendidísimo secreto de sumario» que se prolongó durante unos 70 días, y agrega que Aballay fue indagada una vez superado el plazo para hacerlo, y tampoco se respetó el tiempo estipulado para resolver su situación procesal.

En este sentido, la abogada de Aballay, María Rosa Ballester, criticó en duros términos la actuación de Oyarbide en este caso y aseguró que «la fábula mediática que se creó con este juicio hace que todos los ciudadanos crean lo que no se lee en las resoluciones judiciales».