Los condenados son el australiano Peter Greste, corresponsal de Al Yazira en Kenia un experiodista de la BBC; el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, jefe de la oficina de Al Yazira en inglés en El Cairo y el productor egipcio Baher Mohamed. Los dos primeros recibieron penas de siete años, mientras que para el segundo tres años más por habérsele encontrado una bala en el momento de su arresto.
En concreto, se los halló culpables de haber difundido noticias falsas y manipulado información para apoyar a la organización prohibida y declarada terrorista, además de haber distorsionado la imagen de Egipto en el extranjero, según el juez. Los tres se habían declarado inocentes.
El anuncio tomó por sorpresa al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en Bagdad, proveniente justamente de El Cairo (ver aparte). Éste repudió las condenas y pidió al Gobierno de Abdelfatah al Sisi que revisara "todas las condenas políticas" de los últimos años y evalúe indultos.
En el mismo sentido se expresó Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, quien pidió "al Gobierno egipcio que conceda la gracia a esas personas o les conmuten sus penas para que puedan ser inmediatamente liberadas, y amnistiar a todas las personas condenadas por razones políticas".
"Perseguir judicialmente a periodistas porque dan informaciones que no se adaptan a la línea del Gobierno egipcio supone despreciar la regla más elemental de la libertad de prensa y eso representa un golpe al proceso democrático en Egipto", agregó.
En medio de un escándalo internacional, el primer ministro británico, David Cameron, se declaró "totalmente conmocionado" y su Gobierno, al igual que los de Holanda y Bélgica, convocó a diplomáticos egipcios. En tanto, Australia se mostró conmocionada por el veredicto y la ministra de Exteriores, Julie Bishop, dijo que intentará intervenir de alguna forma en el caso.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras describió las condenas como "una señal de la naturaleza crecientemente totalitaria del régimen egipcio" y Amnistía Internacional señaló que el juicio había sido "una completa vergüenza" y que las condenas son "un feroz ataque a la libertad de los medios".
También el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se manifestó "profundamente preocupado" por el caso. "Los procedimientos que no cumplen claramente con los estándares de un juicio justo minan las perspectivas de una estabilidad a largo plazo", indicó en Nueva York.
El caso daña la imagen de las autoridades respaldadas por el Ejército en Egipto, ante la represión a los medios y a la oposición. Desde la destitución del derrocado islamista Mohamed Mursi, las autoridades han actuado de forma masiva contra la Hermandad Musulmana. El sábado, se confirmaron 183 penas de muerte contra islamistas, entre ellos su líder, Mohammed Badía.
En total, 20 personas estaban acusadas en este proceso, entre ellas cinco estudiantes egipcios y otros periodistas que se encontraban fuera del país. Doce personas fueron condenadas en ausencia a diez años de prisión, entre ellas dos británicos que trabajaban en Al Yazira y un periodista holandés que lo hacía para la radiotelevisora belga VRT.
La sala del tribunal donde se leyó la sentencia en un centro de entrenamiento policial en la mayor prisión de El Cairo estaba llena de representantes de medios internacionales. También asistieron los embajadores de Holanda, Reino Unido, Canadá, Australia y Letonia.
Durante el juicio la fiscalía no logró presentar pruebas concretas de la cobertura distorsionada de la que eran acusados los periodistas, coincidieron expertos.
Al Yazira había dicho que los cargos carecían de base y los tildó de "inaceptables y totalmente injustificados", al tiempo que describió los procesos como un "juicio contra el periodismo en sí mismo".
| Agencias DPA, AFP, EFE, Reuters y ANSA |
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