• PARÁLISIS DE LA COMISIÓN POR AUSENCIA DE FONDOS Y RECLAMO EXPLÍCITO DEL MASSISMO DESINFLA AVANZADA Mientras aguarda un procesamiento en causa penal, procuradora cambia de abogados. Apuesta oficial vira a proyectos en sesiones post 22-O.
Alejandra Gils Carbó y Graciela Camaño.
Pese a la inminencia de una definición judicial en torno a una causa que la involucra por la compra de un edificio para la Procuración General, Alejandra Gils Carbó atraviesa el período de tranquilidad que existe dentro del ojo de un huracán. Parte del alivio temporal -que le sigue brindando oxígeno- llegó de la mano de un inusual reclamo de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación destinada, en un primer momento, a impulsar el juicio político para su remoción. Sus integrantes se quejaron de que el Poder Ejecutivo no le brindó los fondos que le había prometido para sistematizar los elementos que presentarán en su contra. La queja confirmó que quedó desinflada en su misión para facilitar la remoción de la funcionaria. Más allá de que el juez Julián Ercolini viene aplazando su procesamiento en el expediente penal, su estrategia defensiva ofrecerá esta semana una novedad: León Arslanián asumirá como su abogado con el objetivo de subirle el voltaje a una pelea que pasará de manera definitiva al plano político.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La carta dirigida al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, está fechada el viernes pasado y tiene la firma de la diputada massista Graciela Camaño, que preside la Comisión motorizada por el oficialismo. "La Comisión ha venido trabajando de manera continua respondiendo a las finalidades por las cuales se ha creado", advirtió el encabezado, al agregar que ya recibió "una voluminosa cantidad de información y documentación". "Se solicita que dote de recursos materiales y humanos para digitalizar la totalidad de la información y documentación", exigió la misiva que no dejó el reclamo en una mera solicitud presupuestaria. "Como usted sabe, esta Comisión no cuenta desde su creación con ninguno de los recursos necesarios para su funcionamiento, conforme lo establecido en el artículo 7° de la Resolución por la cual se crea la misma", fue el amargo remate con perfume a reproche. Sin los fondos, la Bicameral se queda estancada, fue el mensaje que buscó bajar el massismo, aliado indispensable de Cambiemos en el origen de esa empresa. La toma de distancia del Frente Renovador, al menos durante la campaña, no fue bien recibida en la Casa Rosada.
El primer indicio de su desactivación de la Bicameral fue haber pospuesto la fecha de "indagatoria" a Gils Carbó. El plato fuerte iba a ser el reproche sobre nombramientos y traslados de fiscales dispuestos por la funcionaria y tachados de irregulares. Pero en su auxilio salió Jorge Morán, camarista del fuero Contencioso Administrativo Federal y presidente formal de la "Superliga" de jueces federales. Revocó un fallo de primera instancia y validó gran parte de la metodología cuestionada. Sin ese aliciente, la fecha de su convocatoria ante los legisladores se pospuso de manera indefinida. El mensaje de los jueces desconcertó a la Rosada.
Algo similar, se esperanzan en la Procuración, podría pasar con el reclamo para que la vía de juicio político sea considerada inconstitucional a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Esa causa está enmarañada en cuestiones de legitimidad y allí irrumpió también Arslanián para objetar que el Ministerio de Justicia como demandado hubiese convalidado el mismo objetivo que planteaba la demanda sobre la metodología de remoción. Pablo Cayssials es el juez que debe decidir, luego de que se expida el fiscal Miguel Ángel Gilligan. Sin plazos abreviados, esperarán la decisión en la Sala I compuesta por Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Carlos Grecco.
Si Ercolini define un procesamiento en los próximos días, la decisión encontrará a Gils Carbó en Lima, participando de una reunión protocolar. A fines de este mes, la funcionaria tendrá una estación importante de una causa que amenaza con salpicar tanto a los K como a allegados a la actual administración: en Panamá se reunirán los fiscales generales de los países con investigaciones sobre el caso Odebrecht. Entre los invitados estará el fiscal general de Suiza.
Si todos los caminos se traban, el Ejecutivo cranea un plan B para avanzar contra Gils Carbó con dos instancias complementarias. La primera será incluir dentro del paquete de leyes a tratar en sesiones extraordinarias una modificación de la Ley Orgánica de Ministerio Público (profunda, o con simples retoques estratégicos); la otra será en 2018 con la implementación efectiva del sistema acusatorio y con las investigaciones delegadas en fiscales. La política comienza a vislumbrar que existirían riesgos si ese plan llegara a buen puerto por lo que significaría una concentración de poder en el plano judicial apoyada en un espaldarazo electoral, lo que ya disparó los murmullos dentro del PJ.
Dejá tu comentario