Retoman causa contra multinacional

Norberto Oyarbide

La Justicia reactivó una causa en la que se investigan supuestas maniobras irregulares por parte de una multinacional para poner fin a un juicio laboral millonario. A fin de año, el juez federal Norberto Oyarbide procesó al director de la filial local de la compañía Atlas Copco, Eric Van Meel, y dio por válido un testimonio que involucra a ejecutivos de esa empresa y a un funcionario del Banco Ciudad en la presunta operatoria.

Las resoluciones de Oyarbide dieron impulso a un expediente que había quedado paralizado un año atrás, cuando la Cámara Federal declaró la nulidad de las grabaciones de un encuentro secreto que habrían mantenido los directivos con Juan Curutchet, entonces asesor de la firma y actual número dos del Ciudad, en un hotel céntrico. Esa reunión tenía el aparente propósito de diagramar una estrategia frente a la demanda laboral millonaria que había planteado luego de su despido en 2007 Daniel Atilio Yoan, quien trabajaba como viajante de la multinacional dedicada a la fabricación de maquinaria industrial.

El 27 de noviembre último el magistrado dictó los procesamientos sin prisión preventiva de Van Meel y de Carlos de la Fuente, gerente financiero de la empresa. Y días después, el 7 de diciembre pasado, Oyarbide rechazó un planteo que había presentado Curutchet para que no fuese tenida en cuenta la declaración de Esteban Alejandro Zibecchi, presentado por la defensa de Yoan como testigo de ese supuesto encuentro reservado. Cerca de Curutchet explicaron que el funcionario no se encuentra imputado en la causa y que objetó el testimonio de Zibecchi en línea con la nulidad de las escuchas.

Autorización

Ambas resoluciones fueron apeladas por los abogados de Atlas Copco y la Cámara Federal deberá resolver la controversia en febrero. Luego de tomar esas medidas el juez Oyarbide autorizó a Van Meel a radicarse en Estados Unidos para encabezar una delegación de la multinacional. La autorización terminó de ejecutarse la semana pasada.

La causa gira en torno del juicio laboral que entabló Yoan para reclamar una indemnización de 12 millones de pesos por su despido. De acuerdo con el denunciante, Atlas Copco habría intentado eludir el pago del juicio a través de dos maniobras: una inscripción presuntamente irregular de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y luego un supuesto intento de sobornos a jueces de la Cámara laboral, en donde se lleva adelante la demanda original.

Sentencias a favor

El exviajante obtuvo sentencias favorables en su juicio laboral y el año pasado la Corte Suprema terminó de destrabar parte de la indemnización millonaria a su favor. En paralelo tramitó en el fuero federal la causa iniciada por el mismo denunciante a partir de las supuestas operaciones de la firma y sus ejecutivos.

Como parte de la causa federal, Yoan presentó grabaciones que supuestamente daban cuenta de un encuentro reservado en septiembre de 2010 de Van Meel junto a ejecutivos y asesores legales en un salón del hotel Sheraton Park Tower. También entregó a la Justicia las traducciones en castellano (la charla había sido mayoritariamente en inglés) y fotos de las cámaras de seguridad del hotel que presuntamente exhibían a los participantes. Las pruebas, según Yoan, habían sido obtenidas gracias al alquiler de un salón contiguo para facilitar la toma de audios.

Antes de Van Meel y De la Fuente el juez Oyarbide había procesado por la misma causa al excoordinador de Registros Nacionales de la IGJ Raúl Moretti, a los exempleados de esa repartición Juan José Medina y Rosendo Godoy, al gestor Raúl Carbonaro y al escribano Horacio Clariá. Todos ellos estuvieron detenidos unos meses en 2010 por el mismo expediente, acusados por el magistrado de integrar una presunta asociación ilícita especializada en fraguar registros oficiales de sociedades comerciales.

Cuando la Cámara Federal declaró el año pasado la nulidad de las grabaciones del encuentro en el Sheraton la causa entró en letargo en ese fuero. Los jueces del tribunal entendieron que la toma de esos audios afectaba el principio de defensa de los imputados por tratarse de una reunión de carácter privada entre ejecutivos de una compañía con sus abogados. Para Oyarbide, en cambio, ese criterio no se aplica a los testigos presenciales de la charla, como el caso de Zibecchi.