Esta semana, la Cámara Nacional Electoral comenzará a tratar las impugnaciones presentadas por la UCR-CC contra las candidaturas antitraición (llamadas también testimoniales) de Daniel Scioli, Sergio Massa y once intendentes del conurbano bonaerense que figuran como postulantes. Para eso, ya están estudiando de manera informal el expediente abierto por la oposición y la defensa aportada por el apoderado del PJ, Jorge Landau (desde el viernes los camaristas tienen fotocopias de las impugnaciones y de las respuestas). El fallo de la Cámara será la última instancia judicial que atraviesen las testimoniales: desde la Corte ya se anunció que no daban los tiempos para que el máximo tribunal se defina sobre la materia y, por si no había quedado claro el mensaje, mandaron a recordar a los camaristas que la Corte «no tiene plazos para expedirse». La UCR, sin embargo, adelantó que va a seguir insistiendo con el caso hasta que llegue a su última instancia (ver aparte).
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A pesar del clima hermético que rodea la decisión, desde el tribunal de alzada ya advirtieron que no tendrán en cuenta criterios como el expresado por la jueza electoral María Servini de Cubría, quien la semana pasada dijo a este diario que las testimoniales eran legales y que existían muchos casos de este tipo en el pasado político de la Argentina. «Que un candidato después asuma como ministro no es lo mismo que alguien que se postula para un cargo afirmando que no lo va a ocupar y que lo hace para acompañar un proyecto político», explicaron desde la Cámara y señalaron que ese tipo de afirmaciones cuestionan la misma idea sobre qué implica ser candidato. El inminente pronunciamiento del tribunal es seguido de cerca por el Gobierno y la oposición, ya que podría implicar la ausencia de Scioli en las listas, el candidato comodín del kirchnerismo y en el que se confían para ganar un distrito clave como la provincia de Buenos Aires.
Cautela
Por otro lado, en la Cámara se mostraron muy cautos a la hora de adelantar una opinión respecto de las testimoniales e insistieron en que la función de los jueces «es dictaminar sobre casos puntuales, no podemos actuar por fuera de lo que indica la ley». En este sentido, se ubicaron en la línea de lo expresado por Servini de Cubría al destacar que «la Cámara ha señalado repetidas veces en sus fallos las necesidades de reformar las leyes electorales, pero no es nuestra función cambiarlas».
La actitud defensiva de la Justicia no es para menos: ellos deben dictaminar sobre una propuesta que parece una burla para gran parte del electorado, consciente de que se está usando la ley como un marco para algo que, en realidad, es casi un sinsentido en la práctica política, como ser candidato sólo para no asumir. Desde la Cámara comentaron en este punto que la Argentina «es un país de pícaros» y moverse al límite de lo legal es una constante, en especial en lo que refiere a reglas electorales. «Hace dos años, la oposición se horrorizó con las listas colectoras del Frente para la Victoria y, ahora, son esos partidos los que las están usando», puntualizaron. Agregaron, además, que ésta es una de las mayores preocupaciones para el tribunal de alzada en los próximos comicios, porque es una modalidad que dificulta y entorpece los comicios. Todos se acuerda del caos organizacional durante las elecciones presidenciales de 2007 y nadie quiere repetir la historia.
Atención
La Cámara Electoral se prepara así para un semana en la que va a ser el foco de atención de la campaña y ya lanza críticas a quienes intentan adelantar su opinión sobre el tema.
Dicen que todas estas afirmaciones intentan condicionar una decisión que va a ser estudiada con mucho cuidado y profundidad. Una determinación que, por otro lado, ni siquiera ha sido establecida por el juez electoral bonaerense, Manuel Blanco. Según informó el magistrado durante el fin de semana, hoy va a emitir su dictamen sobre el caso. En la Cámara, mientras tanto, esperan. Y aseguran que nada está dicho.
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