Riesgo laboral: arranca Consejo (pero sin ART)

Apurado por poner en marcha el nuevo régimen legal sobre accidentes de trabajo, el Gobierno citó para el lunes al Consejo Consultivo Permanente, un organismo que preveía la ley anterior, que se constituyó hace 4 años pero que nunca llegó a funcionar.

La citación fue cursada por el ministro de Trabajo Carlos Tomada a todos los miembros de ese Consejo, cuya tarea es incluir nuevas patologías y enfermedades de origen laboral, excluir otras, determinar el aumento de las indemnizaciones que cobran los accidentados, etc.

Los integrantes son en general abogados laboralistas que representan a las partes. Por los empresarios se sentarán letrados de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la CGERA (Confederación General Económica de la República Argentina), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Cámara Argentina de Comercio.

La presencia del Gobierno estará a cargo del ministro Tomada. La nota curiosa la dará la representación de la CGT: dado que los integrantes del Consejo fueron designados hace cuatro años, la delegación de la central obrera debería estar encabezada por Héctor Recalde, quien hasta hace poco era el apoderado legal de la CGT y hombre de confianza de su secretario general, Hugo Moyano.

La relación entre el camionero y su abogado se deterioró de manera acelerada a partir de la pelea de Moyano con Cristina de Kirchner: Recalde eligió permanecer dentro de las huestes del cristinismo. La pelea llegó al extremo de que Moyano lo acusara a los gritos de «servil» cuando se discutió la ley en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

La nueva ley también obedeció al conflicto Gobierno-Moyano: el famoso «fallo Aquino» de la Corte Suprema que dictaminó la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios (que resultaban absurdos y en algunos casos hasta insultantes para los trabajadores damnificados) data de hace ocho años.

En ese período los juicios por accidentes pasaron de un stock que estaba en 3.000 casos a las actuales 70.000 demandas que se acumulan en la justicia laboral. Este fuero, además, ya no actuará más en los casos en que el trabajador opte por recurrir a la Justicia: la nueva ley lo envía al fuero civil.

En círculos empresarios existe la convicción de que en este período de ocho años de «vacío legal» se acumularon fortunas en estudios de abogados especializados en esta clase de demandas. Y se cree que el «lobby» de esos estudios jugó un rol fundamental en la dilación de la resolución de este tema.

«La Corte estuvo bien en declarar inconstitucional la ley anterior, porque a nadie se le puede negar el derecho a hacer juicio. Lo que vino después, sin embargo, fue una demolición de un sistema perfectible pero que funcionaba», dijo a este diario José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA. La central fabril estará representada el lunes por su vicepresidente y experto en cuestiones laborales Daniel Funes de Rioja.

Curiosamente, la ley excluye a las ART de la formación del Consejo. Los días que se avecinan no parecen ser los mejores para estas empresas que, de a poco, fueron saliendo de la órbita de las entidades financieras y los grupos aseguradores para pasar a manos de las empresas de medicina prepaga.

De hecho, la conformación de las «mutuas» prevista por la flamante legislación debería abaratar los costos de los seguros de riesgos laborales. Es casi un hecho que -por caso- la UOM y ADIMRA (la cámara de la industria metalúrgica) constituirán una «mutua»; el gremio de los plásticos y los industriales del sector, lo mismo que los gráficos y la FAIGA, están considerando hacer lo propio.

«Es cierto; nadie sabe mejor de riesgos de trabajo que los delegados gremiales y los empresarios de cada sector», admite -conciliador- Mendiguren. «Por eso el acento de la tarea de las mutuas estará en pagar en tiempo y forma las indemnizaciones a los accidentados, pero sobre todo en la prevención de esos accidentes».

Sucede que una de las críticas que ensayaron tanto los gremialistas opositores como las bancadas que votaron en contra de la ley fue justamente la ausencia de referencias a la prevención y a la accidentología. Los empresarios prometen aliarce con los gremialistas (como se ve, con los enrolados en la CGT oficial) para llenar ese vacío. Este será uno de los temas que ocupará a partir del lunes al Consejo Consultivo.