Riesgo-país o la brecha de política y comercio

Enrique Blasco Garma (Economista)

El contraste entre los procesos políticos y comerciales no puede ser mayor. La fortaleza de las empresas comerciales se asienta en compromisos específicos exigibles, respecto de la satisfacción de necesidades particulares de su clientela. En cambio, la política argentina no ofrece compromisos exigibles (accountability) por parte de los candidatos. Establecerlos es la cuestión liminar. Hasta que lo consigamos, los argentinos estaremos condenados a la frustración de elegir mandatarios sin control ni derecho a reclamo.

La Argentina había liderado el crecimiento y la prosperidad en América, atrayendo a millones de inmigrantes de Europa en la búsqueda de un futuro mejor, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Pero hoy es considerada una nación «fronteriza», con un ingreso por habitante similar al promedio mundial. El problema radica en el cómo se concierta la política y los poderes de los máximos funcionarios.

En los negocios particulares, compramos una licuadora, microondas, automóvil, o cualquier otro producto comercial, para cubrir una necesidad concreta. Evaluamos que el objeto particular la satisfará basándonos en referencias sobre su funcionamiento probado, garantías específicas, reputación del fabricante, etc. Para respaldar sus ofertas, grandes comercios hasta permiten devolver el objeto comprado sin hacer cuestiones.

En cambio, elegimos a los candidatos políticos en base a promesas difusas. Basándonos en presunciones personales: que nos gusta su cara, un gesto, rogando sea mejor que los otros. Porque una vez elegido, no nos resta más que protestar. No hay reparación ni devolución. Mientras existen organismos de defensa del consumidor, respecto de los bienes comerciales, no hay mecanismos eficientes donde reclamar por el mal funcionamiento de los candidatos ungidos por las urnas. Tampoco es justo hacerlo, puesto que nunca se comprometieron en lograr cosas concretas y ni siquiera conocen nuestras particulares aspiraciones verdaderas. Falta un contrato o convenio específico entre candidatos y electores.

Pero ese contrato no es sencillo redactarlo. La política es muy genérica y los bienes públicos son amplios y de medición controvertida.

El primer intento fue la Constitución. Ese documento, la base de la pacificación y el progreso nacional, fue el primer compromiso firme entre electores y mandatarios, al establecer límites a los tres poderes del Estado y garantías a los derechos individuales de las personas. Por ello, la primera exigencia de cada mandato es respetar la Constitución. Lamentablemente, perdimos de vista la importancia de sostenerla, no supimos mantenerla vigente y se fue convirtiendo en letra muerta; un documento de cláusulas olvidadas. Hoy, la Constitución sólo sirve para ilusionarnos, cuando el funcionario jura defenderla, como condición para asumir el puesto. Sin embargo, nadie parece reconocer su relevancia y, menos, exigir su cumplimiento. Claro, los poderes que debieran controlar el ejercicio de la función pública (Legislativo y Judicial) se han desentendido: deben su nombramiento y permanencia en el cargo a quien deben vigilar.

Lo mismo ocurre con los poderes privados. Muchos medios de comunicación buscan el premio de la publicidad oficial y otros favores. Los empresarios no se meten, porque temen las inspecciones o cambios de reglas que los perjudiquen. Los ciudadanos comunes están muy atareados en sobrevivir y atender sus responsabilidades inmediatas, carecen de tiempo para ocuparse de las prestaciones del Estado y sus funcionarios. Existen organizaciones intermedias que se ocupan y podrían hacerlo mejor todavía, pero no concitan apoyos suficientes. Los partidos políticos se olvidaron de su función principal: la defensa de la Constitución y las leyes. Carecen de plataformas y sólo sirven para seleccionar a potenciales candidatos, como el que elige un caramelo.

Entonces, en realidad tenemos los elementos para configurar un contrato de mandato y hacerlo cumplir. El problema es que, al estar libre de controles, el mandatario goza de poderes demasiado generales, lo cual pone en peligro los derechos y propiedades de cada ciudadano. Cubre puestos, resuelve cuestiones a voluntad, respeta o aplasta la propiedad de algunos argentinos. Tiene acceso a la caja a la cual todos contribuimos con impuestos y otras exigencias. Como a cada funcionario que debiera vigilar el desempeño de los mandatarios le conviene mirar para otro lado, todos hacen lo mismo e incumplen su mandato. Para Madison, el ideólogo de la Constitución norteamericana, el problema de todo sistema político es controlar a los gobernantes para que cumplan sus mandatos. Decía Perón: «La gente es buena pero es más buena si la controlan».

El resultado es que los mandatos, promesas y reclamos no se cumplen. Los sueños del electorado y la población argentina se frustran. Porque nadie cumple sus funciones, la mayoría pierde derechos y somos más pobres. La culpa no es del chancho si no de quien le da de comer.