Round I: Magistratura y amparo contra el Estado

Jueces y abogados ajustan desde anoche distintas embestidas contra el proyecto que anunció Cristina de Kirchner para democratizar la Justicia. Tal como adelantó este diario, la reforma del Consejo de la Magistratura será el eje de los principales reclamos. Habrá contactos con el Congreso, y si el proyecto se aprueba, la discusión pasará a los tribunales. La creación de nuevas instancias de Casación y el límite a la duración de medidas cautelares cuando éstas afectan al Estado son giros que también encienden los ánimos. Las miradas se enfocan desde ayer en la Corte Suprema y en las señales que podría enviar sobre los próximos episodios de una nueva contienda que involucrará al Gobierno con el ámbito judicial.

Las modificaciones que el oficialismo impulsará en el Consejo de la Magistratura (ver nota aparte) fueron los puntos que acumularon mayores críticas. El titular del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, se distanció anoche definitivamente del kirchnerismo y no sólo no asistió al anuncio presidencial (estaba invitado), sino que anunció acciones concretas contra la iniciativa tanto en la discusión legislativa como con acciones judiciales posteriores en caso de que la reforma se apruebe.

El Colegio sostiene que de aprobarse la ley, los letrados que aspiren a integrar el cuerpo colegiado dependerán de la estructura de los partidos políticos para competir en elecciones nacionales. También señalan que el proyecto no se ajusta a lo dispuesto por la Constitución: allí se establece que los representantes técnicos del Consejo deben ser votados por sus propios estamentos.

Más cauteloso, anoche Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados por la lista Bordó (de estilo crítico para con el oficialismo), comentaba que no emitiría opinión hasta no leer los proyectos. Sin embargo, en paralelo se desarrollaban múltiples conciliábulos entre los jueces y camaristas que asistieron al Museo del Bicentenario.

Participaron del acto presidentes de cámaras de todo el país, de perfil mayoritariamente Bordó. Éstos intercambiaron críticas y una pregunta general: ¿qué instancia de Casación resolverá las cuestiones de las provincias que tengan su origen en cámaras con competencia múltiple? ¿Luego será necesario crear distintos fueros tal como ocurre actualmente en la Capital? Anoche tuvieron lugar múltiples contactos con la idea de que el gremio de jueces siga la misma dirección que el de los abogados. Un desafío para el estilo diplomático de Cabral, quien se acercó para escuchar a la Presidente.

Entre los jueces, el límite a los efectos de las medidas cautelares disparó críticas y un detalle no menor: ya existe jurisprudencia del fuero Contencioso que rechaza el límite a este tipo de medidas. Resabios de la crisis de 2001 que debió soportar el Gobierno de la UCR al momento de aplicar leyes de emergencia económica que limitaban el sueldo de los empleados estatales. Recordaron particularmente las deudas de los juicios efectuados por jubilados cuando Cristina de Kirchner sostuvo que el Estado es "solvente".

Si la ley se aprueba, los reclamos posteriores tendrán destino en el fuero contencioso administrativo y, más tarde, en la Corte. Ricardo Lorenzetti (fue el único miembro del máximo tribunal presente) se ubicó al lado de la mandataria, en el escenario.

El máximo tribunal coincide con la exposición del patrimonios de los jueces, una regla que se aplica en el cuarto piso de la calle Talcahuano, pero tienen dudas sobre el cómo por cuestiones de seguridad de los magistrados que investiga organizaciones criminales. También hay sintonía sobre los concursos para los cargos en los despachos, una cuestión incorporada en la reforma elaborada en la propia Corte. En este caso, la reforma del Consejo también concentra críticas, ya que los justices rechazan la idea de que los magistrados se presenten a elecciones, ya que entienden que esto podría afectar su imparcialidad respecto de partidos políticos y empresas que aporten a las campañas.