Salarios: combo "sub-30" avanza con gremios amigos

DESTRABÓ NEGOCIACIONES LA DECISIÓN DE DISTRIBUIR FONDO MULTIMILLONARIO

Hugo Moyano, Jorge Triaca, Luis Barrionuevo y Ezequiel Sabor.

  La decisión tomada por el Gobierno de destrabar la totalidad de los 26 mil millones de pesos acumulados en un fondo relacionado con las obras sociales sindicales le dio aires renovados al plan de la administración de Mauricio Macri para las paritarias de este año, con una pauta de aumentos inferior al 30 por ciento y mejoras adicionales para los trabajadores por vía del Impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares. En el equipo económico dan por hecho el apoyo de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, dos de los dirigentes menos previsibles frente a la puesta en marcha de una de las apuestas más riesgosas del Ejecutivo.

Los últimos contactos partieron del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, encargado de la labor de "diplomacia" más sutil con el gremialismo peronista. En particular, el viceministro Ezequiel Sabor, de buen vínculo con Moyano y Barrionuevo, llevó al interior del gabinete la novedad de que ambos dieron un primer aval al "combo" salarial que expuso semanas atrás el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y que recién se destrabó a partir del compromiso clave hacia las obras sociales. Ese plan reemplazará el "acuerdo económico y social" que habían pregonado Macri y sus ministros, que a esta altura está virtualmente descartado.

El entusiasmo llevó a Sabor a declarar durante el fin de semana que el Gobierno aspira a encarrilar los aumentos salariales en una pauta de "entre el 25, 26 por ciento" y que parte de la estrategia podrán ser las negociaciones de sumas fijas no remunerativas con las que la Asociación Bancaria pactó días atrás un diferimiento de su paritaria formal hasta después de marzo. Esa planificación, que había adelantado este diario, circulaba hasta ahora como información reservada entre gremialistas y funcionarios.

La negociación del combo salarial y de fondos envió al congelador las cumbres sindicales que estaban pautadas para el primer mes del año. Por caso, una que debía reunir a referentes de las tres CGT quedó rápidamente descartada cuando los "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes", dos sectores clave de la central que encabeza Antonio Caló, se bajaron con la excusa de las vacaciones, mientras la gestión diplomática de Sabor también logró desactivar otro encuentro, previsto para los primeros días de este mes, entre las CGT de Moyano y Barrionuevo en Mar del Plata.

La vocación sindical por los cónclaves multitudinarios quedó así reducida a su mínima expresión: este jueves, como todos los años, la CGT Azul y Blanca, el sello que conduce Luis Barrionuevo, tendrá su propio almuerzo en el hotel Presidente Perón, de Mar del Plata, con el alegado propósito de fijar posición frente a la ronda de paritarias. Cerca del dirigente gastronómico habían adelantado que el análisis llevaría como piso de los próximos aumentos el 30 por ciento, algo que quedó envuelto en dudas a partir del avance de las negociaciones con el Gobierno.

Combo

El paquete, de acuerdo con las últimas conversaciones, tendrá un eje central: el reparto de los $ 26 mil millones de pesos que hoy acumula el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se creó años atrás como reaseguro de administración estatal con aportes impositivos de las obras sociales sindicales. De ese fondo se extraen los recursos con los que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) reintegra a las prestadoras de los gremios el valor de tratamientos médicos o medicamentos de alto costo.

En el gabinete económico le confirmaron ayer a este diario que el compromiso es repartir la totalidad de ese monto a través de dos instrumentos: un pago mensual, atado a prestaciones o inversiones de parte de cada obra social, y un bono a un plazo a determinar que el Estado destinará a las organizaciones sindicales.

Zanjado ese compromiso, el combo se completará con compensaciones que permitirán a los dirigentes suavizar ante sus bases de afiliados el hecho de firmar acuerdos salariales que nominalmente parecerían correr en desventaja con la inflación prevista. Por caso, para las capas asalariadas en mejor posición habrá una mejora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la modificación de las alícuotas del impuesto, mientras que para los sectores más bajos habrá una compensación con el aumento en el valor de las asignaciones familiares. Ambos ítems son los que pondrá de manera directa el Estado, tanto por resignación tributaria como por mayor aporte vía salario familiar.

Aunque no manejan plazos, los funcionarios consultados hablan de poner en marcha el plan lo antes posible. Así creen que podrán bajar las expectativas inflacionarias de este año, al menos desde el costado del asalariado, y convencer a los empresarios de acompañar el proceso con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios.

Las incertidumbres en la viabilidad del plan son, sin embargo, demasiadas: resta saber si habrá margen para que expresiones del sindicalismo tradicional no alineadas con Macri, como el círculo de gremios que rodea a Antonio Caló, o las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, hasta ahora marginadas de todo nexo con el oficialismo, planteen oposición con suficiente fortaleza como para modificar el rumbo de las paritarias. Y, en definitiva, si Moyano cumplirá con la palabra empeñada, de acuerdo con los funcionarios, ante el equipo de Macri para apaciguar sus reclamos y los de sus pares de la CGT Azopardo.