Sanatorios, al borde de un conflicto por salarios

• PREPAGAS RECLAMAN AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO PARA SUBIR UN 33% LAS CUOTAS

Claudio Belocopitt y Carlos West Ocampo

 La falta de un acuerdo salarial entre el gremio de la Sanidad y las clínicas y sanatorios dejó el sistema sanitario al borde de un conflicto peculiar: es que el sector más interesado en eventuales medidas de fuerza es el privado, como método para obtener del Gobierno la autorización para aumentar sus aranceles y así financiar la paritaria. La semana que viene, con el pago de sueldos de julio, será clave para definir un tironeo del que dependen 4 millones de afiliados y 150 mil trabajadores.

La del sindicato de auxiliares de la salud es una de las últimas negociaciones salariales pendientes, junto con la de los ferroviarios. Y si bien en la superficie deberían debatir a solas la organización gremial y las cámaras privadas, una vez más el Estado tiene la última palabra: es que buena parte del financiamiento del sistema depende de resoluciones oficiales, por los pagos a los prestadores por parte del PAMI, por un lado, y la autorización a las prepagas para incrementar sus cuotas, por otro. La tercera pata son las obras sociales sindicales, que actualizan los pagos a clínicas, sanatorios y centros sin internación de manera más o menos automática junto con los aumentos salariales que perciben los afiliados a los sindicatos.

El debate gira en torno de un reclamo de incremento del 33 por ciento. Hasta ahora, Sanidad obtuvo un punto menos en el resto de las ramas de su convenio colectivo, como las que rigen para los trabajadores de droguerías, laboratorios, hospitales de comunidad y emergencias médicas. El líder de la organización, Carlos West Ocampo, pretende extender ese mismo criterio (se pactaron subas en tres cuotas) al personal del denominado "sector asistencial", que nuclea a la mayor parte de sus afiliados.

En los últimos años se repitió la misma dinámica en este tramo de la paritaria: ante el reclamo gremial, las cámaras empresarias de los hospitales y clínicas (la mayor, Adecra) les trasladan el planteo a sus financiadores principales, las empresas de medicina privada. A su vez, las prepagas, cuyo negociador principal es el presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, lo derivan al Estado, que debe autorizar las subas de cuotas mediante la Superintendencia de Servicios de Salud con intervención de la Secretaría de Comercio. Y una vez más, ante la ausencia de una respuesta oficial en la misma línea que el gremio comienzan los amagos de conflictos, que suelen tener como propaladores principales los directivos del sector privado por encima de los sindicalistas.

Las prepagas cuentan con unos 4 millones de afiliados. De ese total, cerca de 1,5 millón pagan las cuotas de sus bolsillos. El resto está involucrado en el sistema de manera indirecta: unos dos millones son afiliados por acuerdos entre sus empleadores y las empresas de medicina privada, y se los conoce como "afiliados corporativos", que no abonan directamente. Los cerca de 500 mil restantes son los denominados "desregulados" que eligieron derivar sus aportes (con destino a una obra social) a una prepaga.

En el sindicato dijeron que el Gobierno garantizó la mayor parte del financiamiento requerido para el aumento salarial, con una promesa del PAMI de pagarles a sus prestadores un 28% más de aranceles. También, que las obras sociales que trabajan con el sector privado ya trasladaron los aumentos salariales de los trabajadores como suba de aportes. En las prepagas, en cambio, alegan que para sus ingresos directos el Estado hasta ahora sólo autorizó subas en las cuotas del 13% en lo que va del año, lo que a juicio de los directivos imposibilita acceder al aumento demandado por el gremio.