Schoklender cargó contra Bonafini hija

Hebe de Bonafini

Sergio Schoklender volvió a apuntar contra Hebe de Bonafini y sumó a la hija de la dirigente, Alejandra, en los desaguisados de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

En la ampliación de su declaración indagatoria, dijo ayer que la presidenta de la entidad pagó con dinero de las Madres viajes al Caribe para ella y su hija, y que le compró a Alejandra un automóvil y una casa en La Plata. Tras casi seis horas de declaración, el juez federal Norberto Oyarbide suspendió la indagatoria y fijó nueva fecha para retomarla el próximo 5 de julio.

Excarcelación

El exapoderado de la fundación, detenido junto a su hermano, Pablo, y al contador Alejandro Gotkin desde el 15 de mayo pasado, deberá exponer hoy ante la Sala I de la Cámara Federal para fundar su pedido de excarcelación. El tribunal ya había ordenado la semana pasada la excarcelación del menor de los Schoklender y de Gotkin, pero hasta ayer continuaban encarcelados, y los defensores de ambos resolvieron apelar las cauciones que les fijó Oyarbide, de 4 y 2 millones de pesos, respectivamente.

Con el patrocinio del defensor oficial Martín Hermida, que reemplazó en la audiencia a su colega Perla Martínez de Buck, el principal sospechoso del expediente se defendió de las acusaciones y admitió que a lo sumo su gestión como apoderado de las Madres en el peor de los casos podría derivar en un caso de incumplimiento de contratos de obra pública, pero no en desvío de fondos, como le achaca el magistrado.

Imputación

Oyarbide ordenó detenerlo como supuesto jefe de una asociación ilícita, acusada de desviar fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas sociales. A Pablo y a Gotkin les achacó ser presuntamente organizadores de esa asociación.

Respecto de los señalamientos por el canje de cheques en cuevas financieras, Sergio atribuyó esas maniobras a la necesidad de contar con liquidez y «afrontar de ese modo el pago de salarios y a los proveedores».

Explicó, como había hecho antes de ser detenido, que los fondos públicos recién ingresaban a la fundación contra los certificados de avance de obra y que desde la entidad debían abonar gastos corrientes. Con ese mismo argumento explicó las demoras en depositar las cargas sociales y el fondo de desempleo que rige en la actividad de la construcción respecto de los empleados de Sueños Compartidos, que llegaron a superar los 6.000 en todo el país.