Se abre otra etapa en las tarifas

Antonio Pronsato

Si la Ley de Emergencia Pública no se prorroga, se abrirían nuevas condiciones para la revisión de las tarifas de los servicios públicos. Teóricamente, todas las empresas que no renegociaron los contratos desde el dictado de la ley en 2002 o no firmaron acuerdos transitorios podrían reclamar a nivel judicial la dolarización de las tarifas.

Esto sería así en el caso de empresas de telefonía fija, Telefónica y Telecom, y de las transportadoras y distribuidoras de gas (con la excepción de Gas Natural BAN). Según un experto en el tema, «a los efectos jurídicos, esas compañías tendrían todo el derecho de iniciar un megajuicio, porque no sólo no se mantuvo el valor de las tarifas en dólares, sino que se violaron otros aspectos de los contratos, como el de la invariabilidad tributaria, por el cual toda tasa o impuesto nuevo debe trasladarse a los usuarios».

Pero por el momento, lejos de esas decisiones drásticas, las compañías esperan, con más o menos escepticismo según el caso, que se abra un espacio para la revisión tarifaria integral sobre todo para las empresas de gas y electricidad, aunque los dos sectores tienen hoy situaciones distintas.

Las transportadoras de gas y todas las distribuidoras, menos Gas Natural BAN, no tuvieron ajustes en tarifas desde que se dictó la Ley de Emergencia Pública. Varias de ellas tienen decretos firmados este año autorizando acuerdos transitorios con ajustes tarifarios, pero para ponerlos en vigencia se necesita una resolución del Enargas, presidido por Antonio Pronsato, que se sigue demorando, tras el escándalo por el cargo adicional en las facturas domiciliarias para pagar importaciones del producto que realiza el Estado.

En el caso de Gas Natural BAN y las distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap se firmaron acuerdos transitorios con suba de tarifas y una fórmula de ajuste semestral según la evolución de los costos. Este mismo criterio fue aceptado por esas empresas para la evolución futura, cuando se concrete la revisión tarifaria integral. Esto implica una renuncia implícita a la dolarización.

En otros sectores, como el de las concesionarias de los accesos a Buenos Aires, se firmaron acuerdos entre las partes que fueron homologados por el Congreso y luego por decreto del Poder Ejecutivo, en los que las empresas renunciaron expresamente a una tasa interna de retorno calculada en dólares de setiembre de 1993.

Es el caso de Grupo Concesionario del Oeste, que opera el Acceso Oeste; AEC, que explota el Acceso Riccheri, y de Autopistas del Sol (Acceso Norte). En situación similar se encuentra Aeropuertos Argentina 2000, aunque en este caso hay una dolarización parcial de las tarifas para los vuelos internacionales.

La eventual caída de la Ley de Emergencia dejará, además, al descubierto la ineficiencia de los sucesivos gobiernos para resolver los contratos de numerosas empresas, justificada en la falta de acuerdo para algunas cuestiones como la suspensión o renuncia a litigar en tribunales internacionales.

Entre los contratos sin avances, además de los de gas y telefonía, están los de los trenes metropolitanos de Buenos Aires (Ferrovías, Metrovías y TBA - Trenes de Buenos Aires), el contrato de la Hidrovía (también con peajes transitorios), los de los ferrocarriles de carga, con excepción de acuerdos transitorios con Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur, y los de las terminales portuarias.