"Si todo el mundo cumple con su deber le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación" del Ejército, añadió el ministro de Mariano Rajoy. La advertencia fue velada, pero suficientemente explícita para que se entendiera en el contexto del desafío al Estado español que lidera el jefe del Gobierno catalán, Artur Mas.
Mas hizo campaña señalando que si el secesionismo lograba la mayoría absoluta parlamentaria en las elecciones, encabezaría un Gobierno de concertación que tenga como objetivo la proclamación de la independencia de la región de 7,5 millones de habitantes en un máximo de 18 meses, contraviniendo las leyes y la Constitución española.
Enviar al Ejército a Cataluña ante ese escenario sería una medida de profundo calado y consecuencias imprevisibles. "Sólo podría hacerse mediante la declaración del estado de sitio", señala el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
Es una forma extrema de protección del Estado contemplada en el artículo 116 de la Constitución española. El Gobierno tendría que enviar la propuesta al Congreso de los Diputados, identificar el motivo por el que lo hace, las conductas que motivan que se pueda declarar y los efectos en los derechos fundamentales y en el funcionamiento de los poderes públicos de Cataluña, explica Pérez Royo. Tendría que ser aprobada por mayoría absoluta.
Tras aquellas declaraciones de Morenés, ni el ministro de Defensa ni ningún otro funcionario del Gobierno de Rajoy volvieron a mencionar públicamente al Ejército en el contexto catalán. Lo que sí repitió el presidente del Gobierno español es que hará todo lo que esté a su alcance para impedir la separación de Cataluña. "Nadie va a romper España de ninguna de las maneras", aseguró. El Ejecutivo español está centrado en la reforma del Tribunal Constitucional que redactó el Partido Popular (PP) para otorgar a esa Corte capacidad de sancionar y suspender a Mas en el ejercicio de su cargo si sigue adelante con el proceso secesionista.
La aprobará esta semana el Congreso de los Diputados con la oposición en contra y bajo críticas de expertos constitucionalistas, que alertan de que tal y como está redactada, podría aplicarse a cualquier alto funcionario, incluido el propio presidente del Gobierno. Se redactó al final de la legislatura, sin contar con el resto de las fuerzas políticas. "Es un disparate en el fondo y en la forma, es de dudosa constitucionalidad, es una barbaridad", asegura Pérez Royo.
Con la nueva ley en vigor, el proceso podría ser el siguiente: el Gobierno impugnaría ante el Constitucional los pasos que vaya dando Mas hacia la secesión, la Corte emitiría sentencias favorables al Ejecutivo y Mas seguiría adelante incumpliéndolas. Sería entonces el momento en el que el Gobierno instaría a la Corte a actuar contra él. "Esto es un mecanismo para sustituir el artículo 155. El Gobierno, en vez de cargar con el problema, se lo carga al Constitucional", estima el catedrático, refiriéndose a un artículo de la carta magna que no se aplicó nunca en los 40 años de democracia española. "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", señala el texto del artículo 155.
Se trata de un mecanismo de defensa de la Constitución de carácter excepcional. Su aplicación dejaría en suspenso de manera total o parcial el ejercicio del derecho a la autonomía durante el tiempo que el Gobierno considere necesario para la vuelta a la normalidad.
No obstante, Rajoy tendría antes que hacer dos cosas: requerir oficialmente a Mas que cumpla con la ley y, en caso de que no lo haga, recibir del Senado el permiso para asumir el control de Cataluña. La autorización se otorga por mayoría absoluta, lo que no le costaría lograrlo porque el PP la tiene.
Los constitucionalistas españoles se inspiraron en el artículo 37 de la Ley Fundamental alemana para redactar el 155. Tampoco en Alemania se puso nunca en marcha ese mecanismo, cuyas consecuencias políticas son también imprevisibles.
| Agencia DPA |
Dejá tu comentario