Se complicará frente judicial para De Vido en plena campaña

Pedidos de indagatoria se sumarán a los casos ya abiertos y rumbo a juicio oral. Cámara apunta a confirmar su procesamiento por obra pública.

Recordatorio. Durante la sesión hubo explícita mención a la ristra de causas judiciales que acechan al exministro de Planificación Federal.

El golpe de efecto que desató un vendaval político sobre Julio De Vido en el Congreso fue el fallido pedido de detención y desafuero solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una causa colateral por irregularidades en la firma de convenios por la mina de Río Turbio. Su dictamen, fulminado por el juez Luis Rodríguez que no hizo lugar siquiera a la indagatoria, generó un efecto cascada sobre todos los problemas judiciales que arrastra el exministro que sumaron novedades en distintos frentes. El resultado inmediato fue la reapertura el 12 de julio de otro expediente por presuntos sobreprecios en la construcción de la Usina Río Turbio, donde el exministro de Planificación había sido sobreseído en dos oportunidades por el juez Claudio Bonadio, y fue reabierto por la Cámara Federal. En rigor, fue la segunda reapertura: la primera databa del 6 de octubre del año pasado.

El propio Bonadio lo excluyó de la investigación inicial por la tragedia de Once, y lo procesó recién el 10 de mayo del año pasado, como derivación del fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral Federal Nº2, donde expresamente exigieron medidas contra el actual diputado del Frente para la Victoria. Ese segundo tramo está en los preparativos de juicio oral y su defensa planteó -en medio ya del torbellino político- que lo juzgue un jurado popular. La jugada admite dos lecturas no incompatibles: ganar tiempo y también poner en aprietos la ausencia de reglamentación de los juicios por jurados para casos federales, una deuda con la letra de la Constitución.

De Vido registra 26 imputaciones totales (causas con impulso fiscal) de entre 80 y 100 denuncias presentadas en distintas etapas. En cinco expedientes se encuentra procesado: por el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez; por "estrago culposo y administración fraudulenta" en el marco de Once; por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2007 y 2011, que motivó la detención del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime; por la renegociación irregular de contratos ferroviarios, adjudicándole los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública; y -recientemente- por el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos, donde aún resta la indagatoria de 251 empresarios de autotransporte. En este último caso, Bonadio no aguardó esas declaraciones y apuntó a la responsabilidad de los funcionarios, además de embargar a De Vido por $1.000 millones. Once y compra de material de rezago ya fueron confirmados por la Cámara que en las próximas semanas hará lo mismo con la causa conocida como "obra pública", en la que Cristina de Kirchner también fue procesada.

Su nombre -por ser la cabeza de Planificación- sobrevuela la trama Odebrecht, aun sin prueba alguna recolectada que apuntale una acusación formal. Malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad son las carátulas que más se repiten en los expedientes abiertos que tocan casos sensibles como Skanska, hasta la posibilidad de que la fiscalía a cargo de la denuncia del fiscal Alberto Nisman lo vincule y pida su imputación formal, a pesar de que no formaba parte de la maniobra originalmente denunciada.

Hasta se revirtió un sobreseimiento a su favor por haber entregado a través de un plan oficial computadoras y elementos informáticos a la Cámara Federal de Casación Penal, lo que fue denunciado como presuntas "dádivas" por uno de los integrantes de ese tribunal. Los camaristas dejaron abierta la puerta para un llamado a indagatoria también por este caso.