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Se define intimación de Chubut a YPF
Daniel Peralta
En principio, lo más posible es que la empresa logre un alargamiento del plazo, pero igualmente en medios locales y nacionales se especula que el gobernador Martín Buzzi realizará un acto el miércoles de esta semana para reiterar el planteo a YPF, pero rodeado de otros mandatarios de provincias petroleras. Se afirma que Daniel Peralta, de Santa Cruz, que se reunió el viernes pasado con Buzzi, será uno de los participantes seguros del acto.
Con matices, hasta ahora intimaron a YPF por desinversión, además de Chubut y Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. También siguen las versiones sobre una nueva reunión de los diez gobernadores de las provincias petroleras, nucleados en la OFEPHI (Organización Federal de Productores de Hidrocarburos), con el ministro Julio De Vido en Buenos Aires, con la expectativa de respaldar a Buzzi en su proyecto de rescindir algunos contratos de YPF y revertir áreas a la provincia para volver a licitarlas.
Según la Ley 17.319, en la que se ampara el gobierno de Chubut para la intimación, para extinguir una concesión «comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Gobierno de la provincia dictará la pertinente resolución fundada».
De todas formas, la ley también contempla que «con la declaración de nulidad o caducidad, el interesado (en este caso YPF) podrá optar entre la demanda judicial o la intervención en su caso de un tribunal arbitral acordado en el contrato». También indica que «la acción del interesado en uno u otro caso prescribirá a los seis meses contados desde la fecha que se le haya notificado la resolución de la provincia».
Plazo
Esto implica que aun cuando pasado mañana Chubut pudiera decidir la resolución rescindiendo concesiones, YPF todavía tendría seis meses más para ir a la Justicia o pedir que intervenga un tribunal arbitral. De esta forma, los resultados de la decisión provincial recién empezarían a verse a mediados de 2013, porque una vez vencidos los plazos legales, la provincia deberá relicitar y adjudicar las áreas revertidas, y el nuevo concesionario poner en marcha un plan de desarrollo.
Esto explicaría por qué el plan oficial sobre YPF incluye dos pinzas: los reclamos e intimaciones de las provincias, y la propuesta del Estado nacional en el directorio de la petrolera para que ésta destine las ganancias no asignadas de 2010 y las de 2011 (alrededor de $ 6.600 millones) para explorar y desarrollar reservas en la Argentina.
Si la propuesta del representante del Estado tiene respuesta positiva, podrían desactivarse los planteos provinciales porque habría un programa de inversiones. Pero si los accionistas privados se niegan a destinar los dividendos a un fondo especial, las acciones provinciales avanzarían y se concretarían, aun cuando demore más el resultado en términos de producción de petróleo y gas.

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