Segundo proceso a Capaccioli, ahora por el remediosgate

Héctor Capaccioli

El exsuperintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli fue procesado ayer por segunda vez en dos días, sin prisión preventiva, aunque la nueva medida revistió mayor gravedad: el juez federal Norberto Oyarbide lo acusó de supuestamente integrar una asociación ilícita; defraudar a la administración pública; abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con su cargo, y de encubrimiento y lavado de activos, en la causa que investiga la denominada «mafia de los medicamentos». El procesamiento fue dispuesto por las sospechas en torno de los aportes de campaña gestionados por Capaccioli, que en 2007 era el encargado de recaudar fondos para promover la postulación presidencial de Cristina de Kirchner.

La medida del juez alcanzó a dos hombres de confianza de Capaccioli que en la actualidad son funcionarios del Ejecutivo: Hernán Diez, director de Lotería Nacional, y Sebastián Gramajo, gerente de la ANSES. También le fue ampliado el procesamiento que ya pesaba contra Gabriel Brito, empresario del rubro droguerías y aportante de la campaña del Frente para la Victoria. En todos los casos, sin prisión preventiva.

A Capaccioli el juez le fijó un embargo por $ 10 millones, mientras que respecto de Diez y Brito lo hizo por $ 620 mil, y con Gramajo, por $ 700 mil. A Diez lo acusó por «encubrimiento y lavado de activos»; a Gramajo, por presunta «asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con encubrimiento», y a Brito, que ya estaba procesado por ser supuesto miembro de una asociación ilícita, por presunto encubrimiento.

El mismo Oyarbide había procesado el martes a Capaccioli en otra causa, en la que se cuestionó el otorgamiento de un subsidio de $ 47 millones a favor de 52 obras sociales y el uso de la caja chica de la Superintendencia (SSS). Y le había trabado embargo por medio millón de pesos. Las penas por el primer procesamiento son excarcelables, pero los delitos previstos por las acusaciones vertidas ayer son más graves.

La resolución fue tomada en la causa principal de la llamada «mafia de los medicamentos», caratulada «Tráfico de mercaderías», y que tiene como eje al empresario de droguerías Néstor Lorenzo y al jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, ambos detenidos desde hace más de un año.

Aporte

El eje de los nuevos procesamientos fue un aporte de campaña hecho por Brito por $ 310 mil en nombre de una de sus empresas, Global Pharmacy Service, en agosto de 2007. Y la resolución se precipitó luego de un allanamiento ordenado días atrás por Oyarbide en una escribanía donde se presume fue firmada el acta con la constancia de ese aporte. Luego de ese procedimiento, el juez concurrió a la SSS acompañado por Brito, que dijo haber firmado el acta en esa dependencia pública cuando estaba encabezada por Capaccioli.

Ayer los procesados no lograban reponerse de la novedad y preferían eludir las declaraciones. Excepto Brito, que le dijo a este diario sentirse desilusionado por lo que entendió como un «despropósito» de Oyarbide. «De no haber sido por mis declaraciones, jamás se hubiera llegado en esta causa a Capaccioli, Gramajo y Diez. Encima los procesa sin prisión preventiva, con lo que alguien como Capaccioli tiene todas las chances de fugarse del país», se quejó.

Los sospechosos aguardarán hasta hoy para ver los fundamentos del fallo, que no fueron difundidos oficialmente. Pero en todos los casos dieron por hecho que presentarán apelaciones ante la Cámara Federal. Tanto los procesados como sus abogados no esperaban una resolución de Oyarbide hasta tanto cumpliera la indagatoria de Sandra Rey, la dueña de la escribanía allanada días atrás, prevista para el martes que viene.

Sospecha

Una de las sospechas del magistrado está orientada a la posibilidad de que Capaccioli, Rey y Gramajo, tres piezas fundamentales de la recaudación de fondos para la campaña electoral, hubiesen utilizado mecanismos laterales para hacerse de recursos de empresas que, por ley, están vedadas de entregar dinero para un destino proselitista. En concreto, proveedores del Estado.

Al momento de su indagatoria, Brito dijo que si bien había firmado cuatro cheques por un total de $ 310 mil, nunca había aportado el dinero. Y que el responsable de abonar ese monto había sido Lorenzo, dueño de la droguería San Javier.

El expediente principal estaba centrado en la comercialización de remedios adulterados, vencidos o robados -así como troqueles de medicamentos- pero con el avance de las investigaciones Oyarbide debió abrir una treintena de causas conexas.