• EL PROYECTO FUE VOTADO EN DIPUTADOS EN JULIO PASADO, POR UNANIMIDAD. • ALERTA POR FINANCIAMIENTO. La iniciativa que empujó Cambiemos blinda el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Dudas por suspensión, durante cuatro años, de los desalojos de inmuebles.
Carlos Espínola y Papa Francisco
En medio de un proceso de ajuste acelerado que planifica el Gobierno, tras haber perdido más de dos años con su errático y descremado gradualismo, el Senado comenzará a discutir un proyecto que le gusta al papa Francisco y a los piqueteros. Un plenario de tres comisiones analizará, desde la tarde de hoy, una iniciativa que empujará la regularización de villas en el territorio nacional, que no sólo se incrementaron en las últimas décadas sino que además fueron abandonadas por los distintos gobiernos, excepto en épocas electorales.
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La ley, lanzada con bombos y platillos desde el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley -quien regaló jugosos fondos a los piqueteros y coordinó en 2016 la ley de emergencia social, que gira $10.000 millones por año a organizaciones populares, al menos hasta 2019-, fue presentada por diputados de Cambiemos y aprobada por unanimidad a principios de julio pasado, tras el acompañamiento masivo de la oposición.
Las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; de Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado se juntarán en plenario, desde las 16.30 de hoy, para avanzar con un proyecto que si bien arrasó en Diputados, dejó preocupación en sectores del oficialismo y la oposición por las dificultades que tendría la ley en caso de ser sancionada.
Como punto principal, se declara de "interés público" y se blinda el "Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) que creó el decreto 358/17. y que dejó como saldo un penoso panorama de 4.228 asentamientos en ciudades de más de 10.000 habitantes de todo el país. Más adelante, el artículo 15 plantea la suspensión durante cuatro años de "acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles" del Renabap, "tanto los sujetos a expropiación como aquellos de propiedad del Estado Nacional". El problema que aparece allí es qué ocurriría ante un eventual caso de usurpación.
En segundo término, se autoriza al Ejecutivo a crear un "fideicomiso" para soportar las actividades necesarias que necesite la ley en cuestión con "aportes del Tesoro Nacional asignados por el Presupuesto"; "fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales"; "ingresos por legados y donaciones"; y "aportes de las jurisdicciones involucradas", entre otras. Lo que nadie sabe aún es cuál es el volumen global de dinero que se necesitará para aplicar la iniciativa, en medio de un esquema de ajuste en Nación y provincias.
La intervención de la comisión de Presupuesto durante el plenario de comisiones de hoy podría significar el regreso al trabajo del senador vidalista Esteban Bullrich, uno de los principales responsables del fracaso institucional que ofreció el miércoles pasado la Cámara alta ante la imposibilidad de votar los allanamientos en tres moradas -Recoleta, El Calafate y Río Gallegos- de la jefa del filochavismo criollo, Cristina de Kirchner, tras caerse la sesión por falta de un legislador que se necesitó para llegar al quórum reglamentario.
El exministro de Educación ausentó por estar de vacaciones en Europa -"viaje personal", indicó su entorno a Ámbito Financiero- y ahora podrá delegar responsabilidades en la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, encargada de moderar el plenario y cuya titularidad está en manos del peronista Dalmacio Carlos Espínola (Corrientes). También debería aparecer hoy Cristina de Kirchner, quien forma parte de Asuntos Constitucionales pero evitó este tipo de reuniones, excepto para estampar su firma en algún dictamen.
La iniciativa también ofrece a los ocupantes de inmuebles el pago de cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar, y que cualquier obra a realizarse para la integración socio-urbana o en los barrios del Renabap deberán adjudicarse, en un 25%, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular. Los controles estarán a cargo de la Auditoría General de la Nación.
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