Los postulantes deberán incorporar el “Certificado de antecedentes penales” y el de “Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
Antes de partir hacia Nueva York para participar de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la vicepresidente, Gabriela Michetti, firmó un decreto como titular del Senado para cambiar, tras 17 años, las pautas de ingreso de personal a esa Cámara.
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Tras episodios aislados de intervención de la Justicia y detenciones a personal del Congreso por causas diversas en los últimos años, y con el fin de "reformular las condiciones para las designaciones" de trabajadores de planta, se derogaron dos decretos y una resolución que fueron emitidas entre 1999-2000.
"A fin de brindar mayor transparencia, corresponde incorporar la presentación del 'Certificado de antecedentes penales' y el 'Certificado de Libre Deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos' para el personal que ingresare en la planta permanente o transitoria de este Senado", argumentó Michetti en el decreto firmado el 12 de septiembre último.
La titular del Senado también señaló que "resulta necesario ordenar las numerosas normas relacionadas con la designación de personal, con el objeto de lograr mayor celeridad, economía procesal y establecer una normativa única".
Además de los dos certificados mencionados, el personal a incorporar a futuro también deberá presentar una "declaración jurada de haberes previsionales" y efectuar "previamente, en forma irrevocable, la opción prevista" en el artículo siguiente de la resolución, que impone que tendrán que "optar por la suspensión de la percepción del haber previsional o por la renuncia a la percepción de la remuneración del cargo que ostenten", y que en ambos casos "se deberá notificar la decisión en forma fehaciente".
Por otra parte, se espera que tras al regresar de los Estados Unidos la vicepresidente active un plan de retiro voluntario para los empleados de planta permanente del Senado, iniciativa que adelantó Ámbito Financiero el 13 julio pasado.
El proyecto en cuestión tiene el objetivo loable de reducción de gastos, pero choca con el salvataje de centenares de empleados que ingresaron de manera indiscriminada con el exvicepresidente ultra-K y hoy multiinvestigado Amado Boudou, luego de la amenaza de "barrida" inicial que dispuso el macrismo para amortiguar las travesuras del ex-DJ, en tándem con el líder del gremio más importante del Congreso, Norbero Di Próspero, de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
La última pincelada a la iniciativa, que ya tiene el aval de varias áreas encargadas de revisar estos textos, establece que podrán solicitar el retiro voluntario los trabajadores de planta permanente bajo dos posibilidades: varones entre 60 y 65 años de edad (mujeres, de 55 a 65) o, para ambos casos, quienes "no cuenten con los años de servicios necesarios para obtener su jubilación".
En los últimos días, un sector del sindicalismo parlamentario aseguró a este diario que la demora para darle luz verde al plan de retiro voluntario se debe a que existe una posibilidad -hoy, baja- de incorporar también a la planta permanente de Diputados.
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