Sergio Berni, el encargado K para “operar” en el conflicto

Sergio Berni

A tres meses y medio de asumir como supersecretario de Seguridad, Sergio Berni tiene en la actualidad en sus manos dos de los focos más delicados del Gobierno: atender los conflictos sociales y ser el delegado K frente a episodios delictivos de impacto público.

El nombramiento del funcionario -que juró el 9 de marzo pasado- tuvo una matriz operativa y política: Cristina de Kirchner entrevió que 2012 sería un año «difícil» tanto en el frente social, ligado a gremios y piqueteros, como en la cuestión delictiva.

De hecho, desde que asumió Berni se convirtió en el operador cristinista ante cada crisis. Nilda Garré, la ministra, se enfocó en otra agenda, en particular la vinculada con delitos complejos, mientras su secretario se encargó del temario coyuntural.

A horas de jurar, por caso, intervino en el conflicto con los vecinos de la Villa 31. Más tarde partió el frente piquetero, que inició, en abril, una ronda de protestas compartidas entre el PO, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Su última aparición de alto perfil fue durante el paro de camioneros que afectó el abastecimiento de combustibles. Berni se instaló en la planta de YPF en La Matanza, donde Pablo Moyano bloqueaba la salida. Logró sacar ocho camiones: cuatro vacíos.

En su momento, en Gobierno se leyó la entronización del exmilitar como una señal de alerta: un indicio, transmitido por la Presidente, de que el año político podría estar cargado de tensiones, en parte a raíz de un deterioro del frente económico.

El freno de la actividad económica podría disparar demandas laborales y políticas. Ante eso, Cristina de Kirchner pensó en Berni como su administrador del conflicto callejero. De hecho, su llegada al Gobierno de la mano de Néstor Kirchner tuvo aquel fin: desactivar el frente piquetero.

Tuvo otra presencia estelar cuando se instaló en la toma del Indoamericano para desarmar ese conflicto. Abundan las leyendas sobre las horas que Berni pasó en ese complejo y sobre sus métodos de persuasión.

Más que Garré, es Berni quien se convirtió en la terminal de las novedades delictivas. El domingo, luego del asesinato de dos hermanos en Cañuelas (ver nota en pág. 18), fue el primer funcionario nacional en ponerse en contacto para conocer los pormenores del episodio y tener un informe sobre la movilización social.

También lo hizo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que supo ser el enlace de la Casa Rosada con Gustavo Arrieta, exintendente, esposo de la actual alcalde, Marisa Fassi, y que desde diciembre se desempeña como ministro de Asuntos Agrarios sciolista.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, histórico negociador con los intendentes del PJ, también se anotició sobre el conflicto que el domingo ya había movilizado a un millar de personas, que se agruparon en el hospital, tras la novedad de la muerte de los hermanos.

A pesar de eso, la presencia oficial se limitó a funcionarios bonaerenses encabezados por Ricardo Casal, el ministro de Seguridad, que se instaló junto con la intendenta y su marido, y la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

Fassi admitió ayer que en el último tiempo se registró un incremento de los delitos en el distrito. En la región hubo, de hecho, un episodio similar un mes atrás. Pero el impacto público del crimen del domingo detonó una protesta de gran dimensión.

El pico fue de 3.000 personas ayer en un municipio de 50 mil habitantes. La conmoción social se potenció con un documento de la Cámara de Comercio, la Cámara de Transportistas y la Sociedad Rural en reclamo de seguridad y convocando a una marcha.

Finalmente, pasado el mediodía se produjo el momento de mayor tensión. Desde el municipio explicaban, anoche, que detrás de la «indignación» y la «demanda razonable» de los vecinos había también una motivación política. Apuntaban al panradicalismo que gobernó, durante casi tres décadas, hasta 2007, el distrito.