Seria acusación al vice de Colombia

Bogotá - La Justicia colombiana reabrió ayer una investigación preliminar contra el vicepresidente Francisco Santos, vinculado a los grupos paramilitares de ultraderecha por los testimonios de varios jefes de esos escuadrones, señaló la Fiscalía colombiana.

«Se reabre el caso, lo que no implica una vinculación formal del señor vicepresidente a un proceso por parapolítica mediante llamado a indagatoria, sino de un trámite intermedio, por lo que el proceso sigue en la categoría de investigación preliminar», aseguró el fiscal general Guillermo Mendoza.

Santos, uno de los accionistas del tradicional e influyente diario El Tiempo, sugirió la creación de un escuadrón armado para atacar a las guerrillas izquierdistas en Bogotá, según declaración jurada de varios ex jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Reacción

Santos reaccionó mediante un comunicado de prensa. «Hubiera preferido que se me notificara dicha decisión y no que se usara su filtración para sembrar dudas sobre mi persona, mi reputación y la del Gobierno que ha combatido con decisión al paramilitarismo y tiene a todos los jefes paramilitares en la cárcel», afirmó.

«No he sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos. Por ello me duele y sorprende que quienes conocen mi trayectoria puedan creer que pude estar detrás de la conformación de un bloque paramilitar en cualquier parte del país», añadió.

La acusación fue hecha por los ex paramilitares Salvatore Mancuso (jefe político), Diego Fernando Murillo (alias «Don Berna») y Fredy Rendón Herrera (alias «el Alemán»), entre otros, todos ellos presos en cárceles de Estados Unidos.

La Fiscalía, que ya había estudiado el caso, decidió no seguir adelante con la investigación, pero ahora el vicefiscal general Fernando Pareja consideró que «no se hizo un estudio serio de las pruebas recolectadas», y ordenó abrir nuevamente la investigación preliminar.

Los jefes de las AUC prometieron en 2006 al Gobierno de Álvaro Uribe -con el que pactaron la desmovilización de 31.000 combatientes a cambio de beneficios legales- que confesarían unos 20.000 crímenes.

Agencias AFP, ANSA y Reuters