La movilización fue organizada por la Central Única de Trabajadores (CUT), organización de sindicatos cercana al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Según la CUT, el acto fue "en defensa de la democracia" y "contra el golpe" que supuestamente orquestan los sectores de la oposición.
Coincidió, además de las marchas opositoras, con las repercusiones de la divulgación en la prensa de una investigación en torno a su empresa Lula da Silva, LILS. En ese sentido, fueron filtrados diálogos telefónicos e informaciones financieras sobre sus familiares.
De acuerdo con la denuncia, publicada el sábado en la revista opositora Veja, la empresa de conferencias del expresidente, cuyo nombre LILS se corresponde con sus iniciales, habría recibido 27 millones de reales (10,87 millones de dólares al cambio actual) entre 2011 y 2014, 9,8 millones de los cuales (2,81 millones de dólares) habrían sido aportados por empresas investigadas en el marco del escándalo del "Petrolão".
Según el artículo periodístico, un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, entregado a los magistrados de la operación "Lava jato" indica que "el movimiento financiero de la empresa de Lula es incompatible con su facturación".
Veja añadió que Lula "tiene una larga hoja de servicios prestados a las contratistas que ahora aparecen como clientes de sus servicios privados", entre ellas las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Corrêa.
Lula se ha defendido en el pasado de acusaciones de tráfico de influencias a favor de esas compañías en el exterior señalando que es común que presidentes y expresidentes de todo el mundo promuevan negocios para las compañías de sus países.
| Agencias EFE y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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