12 de octubre 2009 - 00:00

SIDE, a Misiones por pesquisa de las escuchas

Norberto Oyarbide
Norberto Oyarbide
El juez Norberto Oyarbide ordenó que una delegación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fuera al juzgado de Instrucción N°1 de Misiones a sacar copias del expediente de la causa por la intervención de los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, y que habría sido un caso «armado» para espiarlos.

La medida fue dispuesta luego de que el juzgado de esa provincia, actualmente a cargo del magistrado subrogante José Luis Rey, se negara a aportar el expediente requerido y los casetes de las escuchas que investiga ahora Oyarbide. Si bien en las constancias del proceso enviadas por el juzgado de Misiones se afirmaba que se habían oído las grabaciones y no se habían encontrado elementos de interés, la semana pasada Rey argumentó que aún no se había revisado el material y por eso no podía ser remitido a Buenos Aires.

Cansado de los tira y afloja con el juzgado provincial, Oyarbide resolvió enviar una delegación de la SIDE para que fotocopiara toda la causa investigada. También sigue reclamando por los casetes con las escuchas de Burstein. Por ese material se arrestó la semana pasada al abogado y ex policía Ciro Gerardo James, quien las retiró de la SIDE y las trasladó hasta Misiones. Simultáneamente Oyarbide quiere profundizar sobre la relación de James con el Gobierno de Mauricio Macri. (Ver nota aparte).

El oficial investigado se cruzó el viernes pasado en un careo con los dos policías misioneros con los que trabajaba en el caso, quienes fueron detenidos el jueves pasado en esa provincia y traídos a Buenos Aires para declarar. El punto clave a dilucidar es quién dio el dato de los celulares de Burstein y de Avila, complicándoles una pesquisa sobre una banda de narcotráfico y el asesinato del contador José María Piccoli, ocurrido en 2005, y que se investigaba en Misiones. Tanto el jefe de Homicidios de la policía misionera, Raúl Rojas, como el auxiliar de Inteligencia, Diego Guarda, confirmaron ante Oyarbide que había sido James quien aportara la información sobre los números de Burstein y de Ávila, como ya habían declarado en Misiones. James negó estas afirmaciones y repitió que él sólo ayudaba con el traslado de los casetes, función para la que fue autorizado en el juzgado de esa provincia, a pesar de que ya había pedido la baja en la Policía Federal y estaba de licencia cuando hizo los traslados, a principios de setiembre.

En lo que sí coincidieron los tres es en que se habían conocido cuando James trabajaba bajo la órbita de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, entonces a cargo de Jorge «Fino» Palacios. A pesar de trabajar en el departamento de Robos y Hurtos, el legajo del ex policía registraría una fuerte actividad en la Triple Frontera, zona de gran injerencia de Palacios por estar a cargo de la Unidad Antiterrorista.

Las dimensiones de la conexión entre James y Palacios es uno de los ejes de la pesquisa de Oyarbide, ya que la causa se inició por una presentación de Burstein, en la que denunció que había recibido un llamado anónimo que reveló que el ex jefe de la Policía Metropolitana lo habría espiado por la causa AMIA. Palacios fue procesado por el juez Ariel Lijo hace 10 días por las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la mutual judía.

Esta relación también empieza a complicar al Gobierno porteño, que en un principio negó todo tipo de vinculación con el ex policía arrestado. James declaró ante Oyarbide que había solicitado el alta en la Policía porteña, así como que había mantenido una reunión con Palacios y con el actual titular de esa fuerza, Osvaldo Chamorro, con ese objetivo. Además, durante un allanamiento a su domicilio se encontraron contratos firmados con la Auditoría del Ministerio de Educación porteño. En la ampliación de su declaración indagatoria del viernes pasado, el ex policía no habría podido precisar qué función cumplía en esta área del Gobierno porteño. Por eso, la declaración del director de la Unidad de Auditoría, Roberto Ayub, resulta central para el juzgado, que espera que se produzca esta semana. (Ver nota aparte).

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