El "Motu proprio", el decreto firmado por el Papa, tiene como objetivo "ajustar a los parámetros internacionales" el sistema penal del Vaticano que remontaba a 1929, año de la creación del Estado vaticano.
El Sumo Pontífice derogó así la pena de cadena perpetua, que será sustituida por penas de reclusión que van de los 30 a los 35 años.
Asimismo, el texto introduce en las leyes vaticanas diversos crímenes reconocidos por las convenciones internacionales como la tortura, el genocidio y la discriminación racial, e incluye "el conjunto de la categoría de los delitos contra los menores: la venta, prostitución, alistamiento y violencia sexual contra ellos, la pedopornografía, la posesión de material pedopornográfico y los actos sexuales con menores".
Aunque el Papa afirma seguir los pasos de su predecesor, la adopción de esta reforma representa un cambio en relación con las acciones emprendidas por Benedicto XVI, que se centró principalmente en el saneamiento interno de la Iglesia y de las diócesis a través de la destitución de obispos y sacerdotes, y alentando la cooperación con las autoridades judiciales civiles.
En abril, el pontífice argentino había pedido que se actuara "con determinación" contra los hechos de pederastia cometidos por miembros del clero. Era la primera vez que se expresaba pública y directamente sobre los abusos sufridos durante décadas por decenas de miles de niños en varios países.
Para la organización de víctimas SNAP, el nuevo código penal "es bueno para la imagen del Vaticano pero malo para la seguridad de los niños, ya que éste dará una falsa impresión de reformas. La jerarquía de la Iglesia no necesita nuevas leyes, sólo aplicar la legislación existente en la sociedad civil".
En cambio, la organización Terre des Hommes se alegró de que el Vaticano "subsane un gran retraso no sólo condenando estas violaciones sino haciendo de ellas un crimen en su propio sistema jurídico".
Las nuevas normas que entrarán en vigor el 1º de septiembre se aplican a todos los miembros de la Curia así como a todo el personal diplomático y a todos los empleados de organismos y de instituciones vinculadas con la Santa Sede.
La nueva legislación vaticana también prevé la posibilidad de que los tribunales locales juzguen "delitos cometidos contra la seguridad, los intereses fundamentales y el patrimonio de la Santa Sede".
La divulgación de información confidencial será también castigada de forma más severa en caso de que los documentos sean considerados importantes.
El "Motu propio" del papa revisa también la definición de los "delitos contra la administración pública en relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción", que prevé penas más severas. Se prevé la imposición de sanciones administrativas y económicas para las entidades cuyos organismos o empleados cometan actividades criminales.
Por otra parte, se refuerza los poderes de los tribunales del Vaticano en materia de confiscación y embargo preventivo de bienes.
El texto del papa prevé también la extradición y la obligación de cooperación judicial internacional para las instituciones de la Santa Sede.
Francisco empezó en las últimas semanas a retomar el control del controvertido banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR), involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo.
Antes de una reforma prevista del IOR, el papa nombró una comisión de investigación con la que se reunió el miércoles a la noche en el Vaticano para "animarla en sus trabajos", según el Osservatore romano.
| Agencias AFP, EFE, Reuters y ANSA, y Ámbito Financiero |
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