21 de mayo 2012 - 00:00

Subtes: reunión hoy para evitar paro de tres días

Carlos Tomada, Mauricio Macri
Carlos Tomada, Mauricio Macri
El Gobierno intentará hoy llegar a un acuerdo con los gremialistas y la concesionaria de los subterráneos porteños, Metrovías, para evitar que a partir de mañana y por tres días se vuelva a parar el servicio. La semana pasada el paro de 36 horas ocasionó un caos mayor en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que provocó que colapsara el servicio de colectivos, pero tras la huelga no hubo avance para acercar posiciones.

A pesar de la insistencia, desde el Gobierno porteño no tienen intenciones de asistir a esa cita en el Ministerio de Trabajo, pero los funcionarios PRO confían en retomar las conversaciones por el traspaso que Mauricio Macri abandonó después de firmar, en enero pasado, un acta acuerdo aceptando que se le transfiriera el contrato de concesión con Metrovías. Informalmente, no se abandonaron las conversaciones, pero hasta ahora las pretensiones del macrismo están lejos de lo que el Gobierno nacional está dispuesto a aceptar. Pero de los u$s 1.000 millones que el PRO le reclama al kirchnerismo de inversiones que no se habrían realizado, un pulido de las cuentas acotaría esa demanda a u$s 350 millones más las formaciones de 45 vagones para la línea A que el Gobierno nacional compró a China.

Mientras tanto, la urgencia es frenar la protesta gremial.

Metrovías (la concesionaria) exige la presencia del Gobierno porteño y la cancelación de una deuda de $ 200 millones, el Gobierno nacional a la vez acusó a la empresa de intentar dejar de gerenciar el transporte, mientras que la ANSES la denunció ante la Comisión Nacional de Valores por presuntas irregularidades. Todo apunta a que Mauricio Macri se haga cargo del control de la concesión.

En la cartera que conduce Carlos Tomada tienen previsto hoy sentarse para avanzar en una solución al conflicto gremial ya mezclado con la polémica por la transferencia de los subtes bajo la órbita del PRO. Esperan a la empresa, a los dos sindicatos (UTA y Metrodelegados) y al Gobierno porteño, que insiste con que no le corresponde participar de las paritarias. El macrista Federico Pinedo se ofreció a participar como diputado en ese encuentro, pero no es funcionario del Gobierno porteño ni podría tomar decisión alguna.

El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO consideró ayer ante las radios que «el Gobierno nacional tiene que resolver un problema, que son problemas normales que tiene que resolver un Gobierno» y que «cuando una empresa tiene problemas con sus trabajadores, tiene un conflicto gremial y no se ponen de acuerdo quién lauda, es la autoridad que tiene que aplicar las leyes de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo de la Nación».

«La Ciudad de Buenos Aires lo que tiene es la propiedad de los túneles, en cambio la Nación tiene la propiedad del servicio. Ha decidido explotarlo a través de una empresa privada, que es la que tiene el conflicto con sus trabajadores, entonces la verdad es que el dueño de los túneles no tiene mucho que hacer ahí», explicó Pinedo.

Durante el fin de semana, la que se sinceró fue Gabriela Michetti y consideró que «fue un error» que Macri firmara el acta de traspaso.

«El acta es hija de un acuerdo político que no se cumplió.

Cuando llegó el momento de que el Gobierno nacional cumpliera el compromiso de poner mil millones de dólares en inversiones concretas que hacen a la seguridad del transporte, decidieron no cumplir con esto y entonces se acabó la transferencia», consideró la diputada.

Hasta ahora, ninguna de las reuniones para acordar un aumento de sueldo a los empleados resultó. La empresa sostiene que no llega la totalidad de los fondos que aporta la Nación como subsidio y que además al aumentarse el pasaje, a partir del 6 de enero pasado, mermó la cantidad de pasajeros. La semana anterior Metrovías envió una nota a Macri advirtiéndole una supuesta situación financiera grave que pondría en riesgo la continuidad del servicio. Tomada replicó duramente y al día siguiente Metrovías insistió en considerar que la presencia de los funcionarios porteños para destrabar la puja era clave y la puso como condición para hacer una oferta salarial, pero no logró con eso que Macri decidiera sentar un representante de su administración en las paritarias.

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