Suspendió Chávez burdo plan de amordazamiento

Hugo Chávez dirigió ayer otro de sus encendidos discursos en un acto en Caracas. La activista Lina Ron fue detenida y luego criticada por el presidente venezolano.

Caracas - El Gobierno venezolano parece dar marcha atrás con el controvertido proyecto de ley que castiga «delitos mediáticos», luego de que el Congreso (mayoritariamente chavista) aclarara ayer que sólo se trata de una propuesta de la Fiscalía sobre la que «no existe consenso». El presidente de la Comisión de Medios del Congreso, Manuel Villalba, indicó que este texto presentado por la fiscal general, Luisa Ortega, es sólo un «papel de trabajo».

Además, en la intensa jornada de ayer, el presidente venezolano, Hugo Chávez, dio a conocer la detención de Lina Ron, quien encabezó los ataques contra la emisora opositora Globovisión.

«Queremos reiterar que no es verdad que exista o haya llegado una propuesta de ley que contenga 17 artículos. Lo que el país contempló el pasado jueves no es otra cosa que unos aportes de la fiscal que hemos venido discutiendo en esta comisión, donde no existe consenso» al respecto, dijo Villalba en una rueda de prensa.

Ortega presentó el proyecto legislativo el jueves pasado ante el Parlamento, de 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno del presidente Chávez.

En ese momento, la fiscal argumentó que era necesaria una ley para «castigar» las «nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión».

Según el borrador del proyecto de Ortega, difundido por la prensa local, serán castigados con entre dos y cuatro años de cárcel quienes mediante la difusión de lo que la Fiscalía defina como «falso, manipulado o tergiversado» cause «perjuicio a los intereses del Estado» o atente contra la «moral pública» o la «salud mental».

La aclaración, que viene del Congreso, parece responder a una lluvia de críticas a la propuesta de Ortega, que fue inmediatamente rechazada por el gremio de periodistas y organizaciones civiles venezolanas y extranjeras, con el argumento de que criminalizaría cualquier opinión y, en consecuencia, violaría las libertades de expresión e información. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó que la propuesta de la Fiscalía encuadraba «perfectamente dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio».

Este proyecto de ley es precedido por la decisión oficial de sacar del aire este fin de semana a una treintena de radios privadas con el argumento de que operaban de forma «ilegal» por no haber actualizado, en junio pasado, sus datos ante el ente rector de las telecomunicaciones Conatel.

La medida de rescindir los permisos de transmisión por esa causa afectaría a un total de 240 radios y 45 televisiones, anunció en julio pasado el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello.

En su estilo habitual, Chávez desafío estas críticas al indicar ayer que «cada vez que la revolución avance y acelere la marcha vendrán los ataques de todas partes del mundo; hoy chillan porque estamos democratizando» el espectro radioeléctrico «y asegurando con ello una verdadera libertad de expresión».

El presidente venezolano aprovechó el acto para anunciar la detención de la líder Lina Ron, afín a su revolución y quien encabezó anteayer un ataque contra la cadena opositora Globovisión, amenazada de cierre por el Gobierno, que la acusa de «terrorismo mediático».

«Hoy ella se presentó. Está detenida», reveló Chávez, quien destacó que Ron «debe recibir el peso de la ley» por el «acto de agresión» y «contrarrevolucionario» que lideró. Por ese asalto, al menos el cuarto del UPV contra Globovisión, un tribunal de Caracas ordenó, a pedido del Ministerio Público, la captura de la manifestante chavista.

Agencias EFE y AFP