Un extenso debate con cruces entre la oposición y el oficialismo se condimentó con intendentes que fueron en lote a presenciar la sesión en Diputados y con manifestaciones en la puerta del Congreso.
suba. Nicolás Massot, Mario Negri y Emilio Monzó entre bancas ayer en Diputados
La oposición se entregó ayer en Diputados a la sanción de la ley que pone freno a las tarifas de los servicios públicos, un proyecto que Mauricio Macri ya anticipó que vetará y al cual se le hicieron cambios de último momento, en una jornada que captó la atención en el precio del dólar y en las negociaciones con el FMI. Se condimentó además con manifestaciones en el Congreso a favor de la norma que busca la emergencia tarifaria y retrotraer los precios del consumo de luz, gas y agua a noviembre pasado. El proyecto también incluyó que los aumento no sean superiores a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los consumidores residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas.
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Un lote de intendentes peronistas bonaerenses fue a presenciar el debate al recinto, entre ellos Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Ricardo Casi (Colón), Mario Secco (Ensenada) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y junto a ellos estuvieron también sindicalistas como Pablo Moyano (Camioneros) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros. Los alcaldes buscan que el gasto en electricidad se les factura al valor de la generación y no de distribución.
Durante el extenso debate, con fuertes embates entre el oficialismo y la oposición, por más de seis horas, la redacción de la propuesta fue modificada por iniciativa del peronismo de Argentina Federal y el Frente Renovador de Sergio Massa.
Marco Lavagna (Frente Renovador) y Diego Bossio (Justicialista) acordaron modificaciones para bajar el impacto fiscal en caso de aplicarse la ley, como excluir al transporte y los peajes de la regulación.
Así, sobrevivió a la iniciativa original el límite a los aumentos en las facturas de luz, agua y gas, incluyendo el precio de las garrafas. También se sacaron las restricciones a las subas sobre las facturas de consumos más altos lo que se sumó que tampoco se incluyó la reducción del 50% IVA en las tarifas de servicios públicos, rechazada por gobernadores, ya que el tributo es coparticipable y repercute en los fondos de las provincias.
Sergio Ziliotto (Justicialista), presidente de la Comisión de Obras Públicas, abrió el debate y explicó en relación a las modificaciones del dictamen que tenía la iniciativa que siguieron "trabajando" para mejorar la redacción hasta último momento. "No somos ni desestabilizadores, ni golpistas, ni demagogos. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos en esta Cámara", resaltó el diputado y detalló que "hemos dejado en un artículo indemne las facultades jurisdiccionales que tienen las provincias para legislar sobre estos servicios, y hemos incorporado un artículo que dará respuesta a los sectores más desprotegidos, que hemos modificado el esquema de actualización de los precios de referencia de la garrafa de gas".
El peronismo, además acompañó con los votos los proyectos de Mercado de Capitales y de Defensa de la Competencia que se trataron en la sesión especial, previa a la de las tarifas (ver nota aparte).
Del kirchnerismo, Axel Kicillof criticó a sus pares de la oposición por haber acompañado leyes de Cambiemos y dijo que "hay una sola verdad y es que la energía se puede tomar como un ´commoditie´, como un bien, un producto, una mercancía, en manos de privados para hacer guita, o la energía se puede tomar como un instrumento de desarrollo y soberanía".
El radical de Misiones, Luis Pastori consideró un "disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas" y aseguró que "apunta a la intención de perjudicar al Gobierno nacional", cuando en realidad "perjudican a más de 43 millones de argentinos".
Leopoldo Moreau (FpV) le pidió al Gobierno que admita que "fracasó, que llegaron con la mentira y el odio, y se les está acabando la mentira y solo les queda el odio" y el cordobés Martín Llaryora (Argentina Federal) sostuvo que "tal vez sea el momento de convocar a un acuerdo nacional para poder aplicar medidas con más consenso".
Así Diputados debatía el proyecto para eliminar las subas en las tarifas de los servicios públicos, en una sesión convocada por la oposición que también discutió si el Congreso tiene facultades para anular los aumentos dispuestos por el Gobierno nacional.
El titular de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), refutó al kirchnerismo señalando que "es duro escuchar que aquellos que provocaron este descalabro formidable hagan propuestas que son las mismas que nos llevaron a este problema" y remarcó que la iniciativa "es antijurídica porque incurre en enormes fallas técnicas y legislativas".
El mendocino radical Luis Borsoni, calificó de "irresponsable" la ley y dijo que "hay un doble discurso de los gobernadores del PJ porque piden que el Congreso no debata tarifas, pero sus diputados votan este proyecto de ley que genera perjuicios para sus provincias".
A su turno, Martín Lousteau aseguró que "no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia" en la gente, sino también "qué va a pasar en el futuro", y advirtió que "los que plantean ahora la solución fueron los que crearon el problema", mientras que Graciela Camaño (Frente Renovador) defendió la facultad que tiene el Congreso en contra de la postura oficialista que sostiene que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
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