Tecno-voto: Gobierno trata de apaciguar frente judicial

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El tironeo por fondos para “control”. El enojo del PRO por supuesto rechazo que la CNE desmintió. Tiempos y la otra pelea: los votos esquivos.

 Un task force PRO, encabezado por Rogelio Frigerio, intervino ayer para bajarle la espuma al rechazo judicial a la reforma política que Mauricio Macri quiere aprobar este año para que, en 2017, en todo el país debute la votación tecnológica.

Frigerio recibió a Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), escoltado por Adrián Pérez, secretario de Asuntos Electorales, y dos operadores de perfil más bajo pero esenciales en el esquema macrista: José Torello, apoderado del PRO y asesor presidencial, y Silvia Lospenato, diputada nacional con expertise en asuntos tribunalicios electorales.

Dalla Vía viene, hace semanas, dejando caer objeciones sobre la reforma electoral. No, en particular, con el tecno-voto. "Nosotros no estamos en contra de la reforma", repite Dalla Vía y agrega: "El sistema actual, de boleta papel múltiple, ya dio todo lo que tenía para dar". La CNE propone, hace tiempo, la boleta única "papel o electrónica", aclaró ayer el camarista en la charla en Casa Rosada.

"Le venimos dando todo lo que pide la Cámara, pero igual se queja" reprochan desde el Gobierno y dan como ejemplo que decidieron trasferirle a la Justicia el escrutinio provisorio (que siempre estuvo en manos del Estado y fue, en el pasado, cuestionado por el PRO), un reclamo que había elevado la CNE. "Es una buena señal, pero falta que se agregue en la ley", dicen cerca de Dalla Vía.

Allí se dijo que la reunión fue intensa. En la Cámara usaron otro término: fue de diálogo pero con preocupación. Pasan las semanas, se acortan los plazos, y la ley sigue en veremos. En rigor, Pablo Tonelli, el diputado PRO que comanda la reforma, no convocará a comisiones para esta semana.

Asuntos

Hay, al respecto, dos asuntos sensibles. Dalla Vía planteó que en la ley se garanticen los fondos para los controles del nuevo sistema electoral. En Gobierno dicen que eso está garantizado. "Mauricio es el más interesado -dicen- en que el sistema funcione bien". Así y todo, como no está claro qué modelo se usará, qué hardware y qué software, no se puede saber qué tipo de controles desarrollar ni, tampoco, cómo montar la otra etapa compleja: la capacitación de autoridades de mesa y de votantes.

El otro ítem es el tiempo. El PRO se mueve contra reloj para lograr el acuerdo político que le dé los votos (necesita mayoría especial), pero choca con objeciones de la UCR, del massismo y del Bloque Justicialista que apoyan pero piden retoques. La Justicia, no sólo la CNE sino también los jueces federales, ponen el foco en los plazos que tendrán por delante porque hay términos de control y homologación que, según explicó Dalla Vía, ya consideran insuficientes.

De fondo está lo más grueso. Desde la Justicia electoral y prácticamente todos los bloques -incluso, el BJ, que defiende el tecno-voto porque se usó en Salta- sostienen que la instrumentación debe ser gradual y por etapas. "Es casi imposible hacerlo, el año que viene, con las 100 mil mesas de votación", dicen desde la Cámara. Allí y en el Congreso interpretan que, a pesar de las definiciones públicas que suenan terminantes, en Casa Rosada admiten que será muy complicado que en 2017 se cumpla con el pedido de Macri de que se aplique, a nivel nacional, el tecno-voto.

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