• TRIACA Y QUINTANA QUIEREN REUNIRSE MAÑANA CON TRIUNVIRATO. • RESERVAS GREMIALES POR EL DIÁLOGO. La pauta salarial de 18% que alienta el Gobierno tiene aval empresario. Sin embargo, ya hubo un primer acuerdo de 35% y en los gremios esperan recuperar lo perdido en 2016.
Jorge Triaca y Héctor Daer
El deterioro de la relación entre el Gobierno y la CGT amenaza con trasladarse a las paritarias. Con una pauta oficial de aumentos en torno al 18% impulsada por la administración de Mauricio Macri, y alentada por el sector empresarial, los gremios se encaminan a plantear reclamos muy por encima y a prender esta misma semana el motor de la conflictividad contra los despidos y el ajuste económico. Como muestra, la semana pasada se firmó un acuerdo salarial que fija una suba de 35% anual en el sector de aguas y gaseosas.
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El pulso del vínculo lo dio el jueves pasado la cumbre en Mar del Plata organizada por Luis Barrionuevo y con la participación de sindicalistas de todas las líneas internas de la central obrera. Allí fueron mayoría -incluso el anfitrión- los que reclamaron un endurecimiento de la postura ante el Ejecutivo por varios motivos: el incumplimiento empresarial del acuerdo de fin de año para frenar los despidos hasta marzo; los cierres intempestivos en empresas insignia para algunos sindicatos, como la ensambladora de computadoras Banghó (metalúrgicos) o la imprenta AGR, del Grupo Clarín (gráficos); los decretos para reformar el sistema de ART y la grilla de feriados nacionales, y los bonos de fin de año no pagados en varias actividades, entre otros ítems.
En aquel encuentro marplatense se discutió sobre la necesidad de congelar el diálogo que habían iniciado días antes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana con el triunvirato de la CGT, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y la mesa chica de la organización. De hecho, cerca de Triaca anoche mencionaban la posibilidad de una nueva reunión para mañana. Esa chance parecía contrastar con la convocatoria para el jueves del Consejo Directivo de la central obrera para debatir la alternativa de iniciar un plan de lucha.
En esa distancia entre la expectativa del Gobierno y el debate interno en la CGT -entre gremios directamente afectados por el ajuste y los habituales negociadores que apuestan a mantener el diálogo a la caza de concesiones- se jugaba la suerte del paquete de reformas laborales presentado a los dirigentes y que los funcionarios imaginan resuelto por un decreto de necesidad y urgencia, con aval implícito del sindicalismo peronista.
En un contexto de empeoramiento de las relaciones ese combo de medidas (relanzamiento de pasantías, beneficios empresariales para nuevas contrataciones o inclusión de perceptores de planes sociales en sus plantillas, blanqueo laboral) corre el riesgo de ingresar a un punto muerto como sucedió el año pasado con la ley de Primer Empleo, en aquella oportunidad por la negativa del peronismo a tratarla en el Congreso.
Para el Gobierno, sin embargo, crece una amenaza mayor: la radicalización de las demandas en paritarias. En una punta, el equipo de Macri espera replicar en el sector privado el acuerdo alcanzado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con los estatales provinciales por un aumento salarial este año del 18% con una cláusula de revisión periódica, y un compromiso de reapertura de la discusión en caso de una disparada inflacionaria. Ayer, el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, en declaraciones a Radio Con Vos, consideró "razonable" la aplicación de una pauta en torno al 18% para las discusiones.
En la CGT -y con más énfasis, en los gremios referenciados en las dos versiones de la CTA- contestan con la advertencia de que las paritarias 2017 deberán contemplar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado además de la inflación prevista.
Un ejemplo paradigmático de esa lógica es el entendimiento que firmaron la semana pasada la federación de trabajadores de Aguas Gaseosas (Fataga) con las embotelladoras. El acuerdo prevé una recomposición anual del 35% con retroactividad a octubre pasado, y vigencia hasta septiembre de este año. Además, fija el pago de dos adicionales de 23 mil y 25 mil pesos durante la vigencia del pacto salarial.
En el gremio que lidera Raúl Álvarez explicaron que del total de la suba cerca del 9% debe interpretarse como recuperación de poder adquisitivo perdido desde la anterior paritaria. En otras palabras, que mientras el Gobierno espera un tope del 18% para la próxima ronda de discusiones, el sindicato que agrupa a 23 mil operarios ya fijó un piso de 25% como recomposición salarial para este año. En la misma negociación se acordó, incluso, una mejora del 36% para otra de las ramas del mismo convenio colectivo, la de los trabajadores de empresas que elaboran sodas. El economista Miguel Bein, asociado a la campaña electoral de Daniel Scioli, fue quien expuso los números de la inflación 2016 y la esperable para 2017 para dotar de argumentos al gremio.
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