Tensión con las petroleras: buscan evitar 2.300 despidos

Sebastián Eskenazi

El aumento en los combustibles que rige en todo el país desde la semana pasada no está contribuyendo a recuperar la actividad en las áreas productoras de petróleo. Se estima que en el mejor de los casos se va a mantener la situación que se vive desde enero, con el 30% de los trabajadores petroleros en sus casas, percibiendo el salario sin viandas, viáticos ni horas extras. El sindicato de Neuquén, Río Negro y La Pampa indicó además que hay riesgo de que se pierdan unos 2.000 puestos de trabajo, correspondientes a firmas contratistas de las petroleras.
La suba en el precio de los combustibles, unida al alza de la cotización internacional en las últimas semanas que volvió a hacer inviable la importación de crudo o combustibles, permitiría en principio mantener un precio piso de 42 dólares por barril para el petróleo en el mercado local, tal como pidieron los gobernadores de las provincias productoras.
Sin embargo, hay una caída de las ventas internas, y pocas posibilidades de exportar petróleo. Con los valores vigentes en el mercado internacional y las retenciones a las ventas externas, las productoras cobrarían 24 dólares por barril. Esto, además, si consiguen mercado, porque hoy el petróleo y derivados sobran en el mundo.
Por esas dos razones y la imposibilidad de obtener financiamiento, las productoras no están desarrollando nuevos pozos y en general se limitan a extraer en los que se pusieron en condiciones durante el año pasado.
Esto impacta en el nivel de actividad de las petroleras y, sobre todo, en el de las contratistas. Dentro de estas últimas, hay pymes de reducidas dimensiones que se ocupan, por ejemplo, del traslado de los operarios a las áreas productivas, que, según se afirma, están al borde de la quiebra. Hay otras, más grandes, incluso de capitales extranjeros, que también amenazan con despidos si las petroleras no se hacen cargo de los salarios.
En este contexto, vence mañana el acuerdo entre la cámara de petroleras y los sindicatos, que se firmó en diciembre en el Ministerio de Trabajo y que prevé la utilización del procedimiento preventivo de crisis. También está pendiente la primera evaluación, para definir o no su prórroga, del acuerdo que firmó una docena de operadoras con los sindicatos el 27 de noviembre pasado para asegurar la estabilidad laboral, impulsado en ese momento por el CEO de YPF, Sebastián Eskenazi.
Esto crea un clima de incertidumbre, a lo que se suma el presunto despido de 300 trabajadores, a los que seguirían 1.000 más, según el sindicato de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Por esa razón, ese gremio había llamado a una medida de fuerza a partir de las 8 horas de hoy, que quedó levantada luego de que el Ministerio de Trabajo dictó el viernes la conciliación obligatoria.
El clima se está caldeando en las provincias patagónicas porque las petroleras no aceptan hacerse cargo de los salarios que deben pagar las contratistas, y porque toda la actividad de las zonas que viven del petróleo se encuentra afectada por la menor capacidad adquisitiva de los trabajadores, además del impacto sobre las cuentas fiscales de la recaudación de regalías, que baja si la producción disminuye.
Algunas petroleras afirmaron que no quieren crear un caos social en las provincias productoras, pero en apariencia están pidiendo al Gobierno nacional medidas como la reducción de aportes previsionales, sobre lo que todavía no hay respuesta.
Para peor, las entidades que agrupan a las estaciones de servicio consideran que su situación se sigue deteriorando y podrían decidir un paro por 48 o 72 horas, que también repercutiría en la actividad de las refinerías y de las productoras.