Tierra del Fuego: 300 efectivos para neutralizar posibles incidentes en Legislatura

Las medidas de fuerza y movilizaciones en la provincia llevan ya más de 100 días e incluyeron bloqueos a la Casa de Gobierno fueguina.

Tierra del Fuego - A cinco meses de la sesión en la que se sancionó un ajuste previsional que provocó una protesta gremial aún latente -aunque con menor fuerza-, y a tres meses y medio de la apertura de sesiones ordinarias, la Legislatura fueguina se reunirá hoy para comenzar un nuevo período parlamentario, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se inició ayer, con 300 agentes apostados en las inmediaciones del recinto.

La sesión fue confirmada el domingo pasado a Ámbito Nacional por el vicegobernador y titular de la Legislatura, Juan Carlos Arcando. Ese mismo día, desde el combativo sindicato docente SUTEF informaron la realización -por parte de la Unión de Gremios y Jubilados Estatales- de "un paro provincial activo por 36 horas, desde las 12 horas del 15 de junio -es decir que comenzó ayer- y durante todo el 16 de junio".

La medida de fuerza, según explicaron los gremialistas, será para "exigir a los legisladores que sesionen para devolvernos los derechos que nos arrebataron el 8 y 9 de enero".

Durante el correr de esa fecha se votó la reforma -y ajuste- previsional que impulsó la gobernadora Rosana Bertone (Frente para la Victoria), en acuerdo con gran parte de la oposición.

Sin embargo, cuando comenzaron las protestas de los gremios, los intendentes de Ushuaia y de Río Grande, Walter Vuoto (ultra-K) y Gustavo Melella (radical K), respectivamente, pasaron a rechazar el paquete de leyes sancionado.

Los sindicatos iniciaron paros (que llevan más de 105 días), manifestaciones e incluso bloquearon durante varias semanas el ingreso a la Casa de Gobierno, y obligaron a Bertone a decretar la emergencia administrativa, desactivada días atrás.

Con el SUTEF con poco margen de maniobra, el Gobierno dispuso un esquema para recuperar clases los sábados (hasta fin de año, con foco especial en Ushuaia, epicentro de las protestas) y apuesta ahora a retornar a la normalidad parlamentaria, con legisladores que deberán buscar consensos para un sistema previsional quebrado, tras ocho años en el poder de Fabiana Ríos.

Ayer, el subsecretario de Asuntos Gremiales de la provincia, José Luis Álvarez, dijo que el paro activado ayer es "ilegal" porque no fue convocado por un gremio con personería jurídica, y advirtió que podría haber "sanciones disciplinarias".