Todo listo en Uruguay: regirá desde 2013

Mientras que el Senado ya aprobó el acuerdo de doble tributación con Uruguay (ver nota aparte), del otro lado del río ingresó al Parlamento, pero todavía no tiene fecha para ser tratado. No obstante, fuentes cercanas al Gobierno de José Mujica revelaron a este medio que la idea es no dilatar el acuerdo y aprobarlo en el transcurso del segundo semestre. El Ejecutivo oriental cuenta con mayoría en ambas Cámaras, por lo que esperan que no se demore mucho el trámite. El acuerdo entraría en vigencia 30 días después de que se crucen las ratificaciones por parte de ambos gobiernos.

En los últimos meses se especuló con que Uruguay estaba utilizando la firma de este convenio como herramienta de negociación para discutir otros temas, como ser las trabas a la importaciones impuestas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el dragado del canal Martín García. Sin embargo, existe un matiz: éste ya no es un tema bilateral. La Argentina lo volvió multilateral cuando como miembro del G-20 presentó el reclamo ante la OCDE. Uruguay tenía los doce acuerdos de doble tributación que se le exigían para retirarlo de la famosa «lista gris», pero carecía de convenios con países relevantes para su comercio. «La Argentina puede decir esto no es un asunto mío, juro que es la OCDE la que pide. En una posición en que Uruguay no tiene margen para negarse. La idea es resolverlo de forma ordenada, rápida y con bajo perfil, para pasar cuanto antes a la fase dos», explicó Carlos Loaiza, abogado experto en tributación que asesoró al Gobierno oriental en varias etapas de este proceso.

El «Tax information exchange agreement» supervisado por la OCDE establece dos fases clave: la primera consiste en analizar si el marco jurídico y regulatorio está en concordancia con los estándares del organismo; la segunda y más importante es cerciorarse de que se trata de un intercambio real y operativo. No obstante, tan importante como la aprobación del acuerdo por parte de los congresos es la aplicación que se realice de ese marco regulatorio. Uruguay ya manifestó que no puede recibir una cantidad de reclamos que le resulte imposible manejar y que no puede haber «fishing». Es decir, no se podrán solicitar datos por grupos, como pueden ser el total de inversores argentinos o las inversiones realizadas en cierto período de tiempo. Si bien el número de solicitudes no está claro, desde la oposición oriental -muy crítica con este acuerdo- dicen que se filtró que serían alrededor de 10 por año.

«El texto trata de evitar los pedidos generales. Debe justificarse que se agotaron previamente todos los mecanismos para obtener esta información y da una serie de elementos para que el Gobierno uruguayo pueda negarse, entre otros que no se trate de una persecución política y que no vaya con el espíritu del acuerdo, que es la no retroactividad», agregó Loaiza. Justamente este punto es el que disparó las alertas en Uruguay. Este último punto, según los técnicos uruguayos, debería ser más específico. Si bien la letra del acuerdo lo establece, el espíritu podría ser manipulado. Es decir, «en caso de que se obtenga la identificación del propietario de un inmueble en Uruguay esto podría volverlo retroactivo porque además de bienes personales tendría ganancia presunta. Se podría hablar de un impuesto a las ganancias no declarado», explicó una fuente a este medio.