Torniquete K a Scioli: ¿castigo o emergencia?

José Manuel de la Sota

Unos 7 mil millones en patacones billete duermen, sellados, en la bóveda del Banco Provincia. Ecos de la crisis de 2001 que remontó Néstor Kirchner y que, como un karma, reapareció en el imaginario económico por el torniquete financiero K que abruma a Daniel Scioli. Antojos del destino, el rescate de las cuasimonedas fue ejecutado por un equipo fiscalizado en persona por el expresidente. Y en las segundas líneas de ese staff figuraban Alejandro Arlía y Silvina Batakis, ex y actual ministros de Economía sciolista.

Una expertise magistral para un escenario que en La Plata deben desmentir hora tras hora: la emisión de bonos para el pago de sueldos y para cubrir brecha fiscal provincial que, anteanoche, el vicegobernador Gabriel Mariotto estimó en 15 mil millones de pesos.

En una charla con diputados, a la espera de una sanción que no se produjo, Batakis hilvanó argumentos para negar el regreso de los patacones: la Ley de Responsabilidad Final, dijo, prohíbe a las provincias emitir cuasimonedas y no ve factores macroeconómicos sobre falta de recursos a nivel federal. Pragmática, anexó un interrogante logístico. «Si a alguna provincia se le ocurre emitir cuasimonedas ¿dónde lo va a hacer? ¿Con Ciccone?» silenció al puñado de legisladores que la rodeaban ávidos de certezas. Ningún pícaro se atrevió a bromear con la opción Boldt.

¿Son las únicas variantes? Un dirigente que transita la zona minada entre La Plata y Casa Rosada escuchó un susurro sobre testeos ultrasigilosos desde el Gobierno provincial para la compra de papel destinado a eventuales impresiones.

Antes de retirarse sin ley, la ministra trató de tranquilizar a los muchachos: «Tenemos herramientas financieras para resolverlo». En La Plata, en otros despachos, hablan de la colocación de letras y de un bono a un año en «argendólares» con una tasa menor al 10%. «Liquidez sobra» dicen y aclaran: beneficiada por la prohibición de girar divisas al exterior. El rojo está a la vuelta de la esquina. Para pagar los sueldos en junio, el faltante oscilaría entre 350 y 600 millones, según quién haga la cuenta. Del despacho de Hernán Lorenzino les llega un mantra: «Ni un peso para la provincia». El cepo se ajusta desde hace 6 meses.

El secretario de Obras Públicas José López, 10 días atrás, fue más diplomático frente a un visitante que le suplicó que le destrabe pagos de obras públicas. «Plata hay, pero la decisión política es no pagar nada» lo despidió.

Traducido en ese único lenguaje, el torniquete puede tener matriz política: la interrupción de la asistencia a Scioli debería leerse exclusivamente como un castigo ejemplificador contra el bonaerense y su sola existencia como opción presidencial para 2015.

Pero la crisis se ramifica. Santa Cruz y Entre Ríos doblaron el pago de sueldos. Lo de Daniel Peralta puede atribuirse a una tensión política; salvo un malestar secreto, lo de Sergio Urribarri no encaja en ese esquema. En rigor, asistido, en mayo pagó de un tirón.

José Manuel de la Sota, exponente del cordobesismo, ensaya el relato para la eventualidad de tener que abonar los salarios en cuotas. La última frontera, la más difícil de franquear, es julio cuando las provincias tienen que pagar el aguinaldo.

Frente al incipiente efecto dominó, la pregunta que articulan funcionarios y dirigentes es básica: ¿el freno de asistencia es un castigo político a los gobernadores o es el indicio de una crisis, latente, en las cuentas nacionales? Las respuestas son diversas.

Entre los extremos de un estallido inminente y un castigo divino a Scioli, un funcionario tejió una tesis intermedia. «Es una decisión política sobre la administración de los recursos». En criollo: el ajuste que se insinuó tras la reelección, se derrama ahora sobre las provincias.

Pero ciertas conductas confunden. José Ottavis comulgó ayer con un evangelio dialoguista inesperado para un cacique de La Cámpora: pidió analizar una propuesta de los chacareros sobre el impuestazo y endeudamiento sciolista que el FpV no logró aprobar ayer. Las entidades rurales piden que en vez del revalúo de los campos, la provincia aumente la alícuota del impuesto inmobiliario. De ese modo, dicen, la presión impositiva sólo se expresaría en un tributo: el provincial. El revalúo, en cambio, rebota sobre Bienes Personales.

Scioli se negó. El último revalúo fue en el año 1974 y el mapa chacarero registra un indicador de concentración: sobre 19 millones de hectáreas donde hay 300 mil partidas impositivas y sólo 20 mil propietarios. Además, el año pasado la Legislatura autorizó un revalúo por «única vez». Las entidades hurgan en la tensión La Plata-Olivos al plantear que por el revalúo Nación tendrá ingresos extra por 2.000 millones de los cuales sólo 200 volverán, como coparticipación, a la provincia. «Cristina no le manda plata y Scioli se convierte en su mejor agente de recaudación», torean.

Encontrar a un cacique neocamporista convertido en difusor de un pedido de la Sociedad Rural es tan curioso como ver a la tropa encapuchada de Quebracho marchar en defensa de un proyecto enviado por Scioli.

Como en un Bing Bang, los bordes del kirchnerismo están en permanente expansión.