Traban megaproyecto privado que pide Macri en Costanera

Cristian Ritondo

El pomposo proyecto inmobiliario que promete construir un millón de metros cuadrados en la Costanera Sur porteña no logró pasar la primera reunión de asesores de los diputados en la Legislatura porteña. Para arrancar, la oposición al PRO le encontró presuntas fallas técnicas que podrían considerar nulo directamente el convenio que firmó Mauricio Macri para la construcción de Solares de Santa María SA.

Se trata de una iniciativa que ya el año pasado ni siquiera tuvo la posibilidad de llegar al recinto. El proyecto incluye la edificación de un barrio prácticamente privado en lo que era la Ciudad Deportiva de Boca, terreno que pertenece a la empresa IRSA y cuenta con unos 716 mil metros cuadrados, 70 hectáreas. Para poder realizar lo que constituiría el proyecto urbanístico más pretencioso de los últimos años, la Legislatura porteña tiene que autorizar el convenio que viene pegado a un proyecto de ley para cambiar las normas que fija el Código de Planeamiento, lo que tradicionalmente se conoce como sanción de excepciones.

A cambio, IRSA le concederá espacios a la Ciudad de Buenos Aires, tanto para el trazado de calles como de esparcimiento, que representarán entre el 25% y el 50% del terreno en cuestión. El diseño es ambicioso y se trataría de un lugar exclusivo dentro de la Capital y pegado al río, con canales interiores para navegación. Allí reside otro de los inconvenientes.

Para empezar, los asesores de los diputados de la oposición les mostraron a los del macrismo que hay dos cláusulas en el convenio que consideran inconstitucionales o bien de nulidad del propio documento. Es que este tipo de leyes debe aprobarse con el sistema de doble lectura: una votación, audiencia pública y segunda votación. Pero además de no reforzar ese mecanismo, en el mismo convenio se le impide a la Legislatura la posibilidad de cambiar los términos de la ley.

En la cláusula cuarta se indica que «los efectos del presente convenio quedan supeditados a la condición esencial previa de que se sancione la ley, y consecuentemente se apruebe el convenio. Razón por la cual, si la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no aprobase la ley o aprobase otra ley diferente al texto de la ley, este convenio se extinguirá de pleno derecho y quedará sin efecto». Además de eso, en otros párrafos impone un plazo para la vigencia definitiva de la ley que no coincide con los establecidos para la sanción de ese tipo de iniciativas que requieren de una convocatoria a una audiencia pública.

En ese sentido, el legislador Martín Hourest (candidato a diputado nacional en las listas de Hermes Binner), explicó que está «planteando la necesidad de archivar este proyecto de ley porque omitieron incluir dentro de la moción el cumplimiento de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dicen que todo proyecto que modifica el Código de Planeamiento Urbano tendrá tratamiento de doble lectura y necesitará una mayoría especial de 31 votos» y que además «la cláusula 4 «es inconstitucional» y anula el convenio en sí mismo.

El macrismo podría corregir esas fallas y avanzar, ya que en principio cuenta con los 31 votos para asegurarse la sanción, pero la idea del PRO es tener un consenso mayor en este caso.

Además, está la resistencia del kirchnerismo. El bloque tiene que consultar algunos detalles, también técnicos, con el propio Gobierno nacional. Por el predio pasa un canal de aguas pluviales que el Gobierno porteño cedería «a perpetuidad» a la empresa pero habría un conflicto de juridiscciones sobre el curso en cuestión. Es lo que quiere tener claro el kirchnerismo, además de otro punto clave que cuestiona toda la oposición: el destino de la villa de emergencia que quedará pegada al barrio privado.

En el bloque PRO, que conduce Cristian Ritondo, consideran que se podrá plantear la conformación de un fideicomiso destinado a soluciones habitacionales para los habitantes de la villa.

«Tal y como está planteada la ley no sólo es ofensiva para la Legislatura, sino para la dignidad de los diputados y la división de poderes», se quejó el legislador Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico, Proyecto Sur).

El macrismo, de todos modos, cree que en dos semanas podría tener el despacho para autorizar el emprendimiento, mientras por ahora revisa la necesidad de nuevas correcciones, ya que se trata de un proyecto reingresado este año, que tuvo que modificar renglones del año anterior.