Puntualmente, los Kirchner apuntan a dos temas: la reforma política y una nueva ley de entidades financieras. Mientras la Presidente esté de viaje por la India, desde Buenos Aires su marido y unos cinco ministros comenzarán los diálogos entre los legisladores oficialistas y eventuales aliados, para confirmar que la mayoría que se obtuvo en la ley de medios puede mantenerse para ambas iniciativas antes del 10 de diciembre. Si los sondeos son exitosos, para el regreso de Cristina de Kirchner la semana próxima, habrá definiciones. Los anuncios eventualmente los hará la propia jefa de Estado.
Negociaciones
En los dos casos, las negociaciones se concentrarán en saber si el socialismo santafesino, el bloque SI, los senadores del ex ARI de Tierra del Fuego, Proyecto Sur, la Concertación residual, los radicales K, algunos partidos provinciales y tropa propia como Carlos Heller, están dispuestos a seguir votando a favor. Suponen desde Olivos que el contenido «progresista» de los dos intentos garantizaría el apoyo.
Objetivo
Políticamente la idea es llegar al recambio del 10 de diciembre con plena velocidad y actividad legislativa, que pongan al kirchnerismo como a la cabeza de la iniciativa económica y social del país. Todo esto sería luego de que dentro de 15 días se apruebe en el Senado la ley de protección a la industria electrónica de Tierra del Fuego, que impulsa la gobernadora Fabiana Ríos, y esta semana avance el Presupuesto 2010 en Diputados.
En principio, los contenidos de ambos proyectos serían los siguientes:
se intentará reglamentar las elecciones internas abiertas, tomando al país como distrito único.
En este punto hay dos ideas: realizar la elección de candidatos partidarios en un mismo día en todo el país o en un plazo de tiempo corto. Además se avanzaría en una depuración de padrones de todos los partidos y en la reglamentación del financiamiento de las campañas, donde el Estado tendría más injerencia.
El Gobierno quiere que haya una regulación en el dinero que se les gira mensualmente a los partidos, buscando que éstos puedan tener una actividad habitual más importante que la actual, ya que tendrían partidas diferenciadas entre campañas y administración corriente.
La actividad electoral se reduciría a un mes máximo, y los candidatos deberían surgir únicamente por internas abiertas. El o los proyectos serían presentados como el resultado del fracasado diálogo político que el Gobierno mantuvo con la mayoría de las fuerzas partidarias después de las elecciones del 28 de junio, y donde participaron todos los partidos menos los seguidores directos de Elisa Carrió.
En su momento describió la invitación como una «trampa del kirchnerismo para ganar tiempo luego de la derrota».
Se intentará, en una medida de alto riesgo, obligar a entidades a ofrecer determinados tipos de créditos, con asignaciones específicas para pymes bajo el eslogan de «democratización del préstamo». También entraría en este capítulo el clásico pedido de gravar con Ganancias a la renta financiera.


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