En un escenario dinámico, un juego de pinzas de gran parte del Poder Judicial sumado a la interna por las inminentes elecciones en la Asociación de Magistrados, lograron que quede en stand by la firma del convenio para el traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Bs. As. En la superficie, quedó en suspenso la fecha del 30-N, cuando estaba previsto que estamparan sus firmas el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la próxima semana. De forma subterránea, Nación y Ciudad continuarán avanzando en el proceso que no tendrá este año una definición, y cuya discusión con jueces y fiscales pasará para 2017, con pocas posibilidades reales de aplicación, por ser año electoral.
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Mientras que ayer se movilizaron cerca de un millar de empleados judiciales de los fueros penal y laboral en contra de la transferencia, la cúpula de la Asociación le arrancó la promesa al Ministro de Justicia, Germán Garavano de que no habría firma este año. Como anticipó Ámbito Financiero, jueces y fiscales habían tabicado el Senado para bloquear la aprobación de la iniciativa pero ahora fueron un paso más y se llevaron un triunfo, factible de ser capitalizado mañana, cuando concurran a las urnas para renovar autoridades. Aunque no descartaron avances en el proceso, desde la cartera de Garavano se desentendieron ante jueces y fiscales de la intención plasmada en los borradores de transferir todos los juzgados vacantes. Eso generó un cortocircuito con las autoridades locales. El Consejo de la Magistratura porteño se enteró del comunicado de los jueces pero declinó un pronunciamiento oficial hasta mantener hoy una reunión con los funcionarios nacionales.
Todos piensan continuar el proceso, pero aguardar el resultado de las elecciones donde es probable que se imponga nuevamente la Lista Bordó. Sin embargo, habrá "recortes" a la intención local de que queden bajo su órbita los tribunales de los fueros penal, laboral y del consumo, a la vez que todas las competencias penales del Código que están pendientes. El resultado de mantenerse la fotografía que significó la reunión entre Garavano y los jueces- es que se va a postergar, ya sin un plazo preestablecido, ni con un acto formal que lo inaugure.
Si para el fuero penal se dilató el traspaso, para el laboral quedó aún más indefinido en el tiempo. El Gobierno no quiere inquietar a las cúpulas gremiales con algo que ya fue tema de negociación. Pese a que la decisión política de avanzar se mantiene, según Nación, el año que viene iniciarán la ronda de consultas para recoger objeciones.
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