Tres candidatos a la Procuración en una elección que define Macri

Si bien necesita el acuerdo de los dos tercios de los senadores, la designación es potestad del Poder Ejecutivo. La favorita del Presidente es la jurista Inés Weinberg de Roca. Pero se anotan también los fiscales Plee y Sáenz.

En la recta final. La jurista Inés Weinberg de Roca -amiga del presidente Macri- y los fiscales Ricardo Sáenz y Raúl Plée son los tres candidatos más firmes a suceder a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Desde diciembre del año pasado, cuando la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó formalizó su anunciado alejamiento de la jefatura del Ministerio Público Fiscal, el cargo quedó cubierto por el interinato de Eduardo Casal, a la espera de una designación presidencial que requiere aprobación de la mayoría especial de los senadores.

Si bien no existe un plazo estipulado para definir la elección, la disputa por la estratégica nominación se encuentra en un estadío "de definición", según explicaron fuentes del organismo. Y en esa carrera, aparecen varios nombres con probabilidades de ser "ungidos" por la bendición macrista, previo acuerdo con los congresistas que deberán refrendar la propuesta elevada por el ejecutivo.

La candidata que cuenta con la preferencia del Presidente es Inés Weinberg de Roca, una jurista que integra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ambos se conocen desde los tiempos en que compartían las instalaciones del gimnasio en el Ocampo Wellness Club del coqueto Barrio Parque, el mismo lugar donde el mandatario fue "hechizado" por la actual Primera Dama Juliana Awada. "Mauricio la respeta mucho y es su favorita para ocupar el cargo", dicen desde la Rosada. Aunque su principal debilidad es carecer de experiencia en el campo penal -clave en el accionar del ministerio público- Weinberg de Roca cuenta con una vasta experiencia internacional abonada por su tarea en el Tribunal Penal Internacional, período durante el cual intervino en las investigaciones por el genocidio cometido en Ruanda y en los casos de exterminio ocurridos en la ex Yugoslavia. Sus detractores, en las sombras, afirman que "es difícil que alguien sin recorrido en el derecho penal pueda manejar a todos los fiscales del país con el tema de la inseguridad en la agenda cotidiana".

Otro de los candidatos es Ricardo Sáenz, el fiscal de la Cámara del Crimen porteña, quien cuenta con el consenso de buena parte de la dirigencia de Cambiemos y tiene inocultables vínculos con el Grupo Clarín, por su condición de secretario general de la Certal, ONG que nuclea a los grupos de cable, liderado por el holding que controla Héctor Magnetto. En abril del 2003 pidió la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. También fue otro de los impulsores de la "marcha de los paraguas" en el 2015 y en el 2016 dictaminó que al exfiscal Alberto Nisman lo habían asesinado. A principios de mes apoyó el pedido de la defensa para sobreseer al policía de Avellaneda, Luis Chocobar, quien disparó por la espalda a un ladrón mientras escapaba luego de haber cometido un robo en La Boca. Saénz es un "apto todo servicio" según la opinión de varios especialistas consultados.

El último de la terna que más probabilidades tiene de disputar el sillón que dejó vacante Gils Carbó es Raúl Plée, quien desde 1992 es el fiscal ante la Cámara Federal de Casación. Comparte una misma pasión con el presidente Mauricio Macri: Boca Juniors. De hecho, junto al fiscal Carlos Stornelli fueron encargados de la seguridad del club de La Boca y posee una relación más que fluida con el presidente xeneize y operador judicial macrista, Daniel "Tano" Angelici. En el 2013 fue denunciado por demorar causas de encubrimiento en la voladura de la AMIA. Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado, contó que el exfiscal Alberto Nisman le contó que "estaba absolutamente preocupado por las demoras de Pleé".

Claramente no se trata de una elección más y por eso el Poder Ejecutivo no permanece al margen del proceso de selección.Quien asuma como nuevo procurador general deberá ser funcional al objetivo de una política criminal que poco tiene que ver con la formación ideológica de la antecesora, Y seguramente se transformará en un instrumento clave al servicio de un programa acordado legislativamente para consolidar esa tendencia, que perfectamente se aprecia en las opiniones de los funcionarios sobre el rol del Estado como parte acusadora. Si bien hay conformidad con la labor de Casal mantener ese interinato, no parece ser el camino más correcto, si es que se pretende consolidar la autoridad y la fuerza para encarar las transformaciones que la sociedad demanda.