A pesar de que parecía avanzar sobre ruedas por el entusiasmo que tenía el PJ para enviar señales que le permitan negociar el sucesor de Alejandra Gils Carbó, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal volvió a sufrir una demora en la firma del dictamen. Tras haber llamado a un cuarto intermedio el miércoles pasado y con la oposición de fiscales y sugerencias de la Asociación de Magistrados y de varias ONG ligadas al derecho que denunciaban disminución de autonomía e independencia del Procurador General, la reunión prevista para ayer directamente naufragó. Media hora antes de su inicio, el cónclave de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se dio por suspendida. Pero no solo no se firmó el dictamen con intención de que dos tercios habilitaran su tratamiento en la sesión de hoy, sino que también se dividieron las propuestas e ingresaron pedidos de audiencia a mansalva de fiscales y organizaciones que cuestionan el intento de reforma con el que el Gobierno pensaba avanzar con apoyo peronista y radical más allá de la renuncia de Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales.
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A las apuradas, el PRO fue el primero en dividirse del pelotón de firmas original encabezado por Federico Pinedo, Angel Rozas, Pedro Guastavino y Miguel Ángel Pichetto. Su proyecto independiente, a criterio de los fiscales, refuerza la injerencia política y su peso a la hora de adoptar definiciones sobre el Ministerio Público, a contramano de los reclamos desde el ámbito judicial. Agrega cláusulas transitorias con respecto a la permanencia del personal que podría ser reubicado y delega al administración presupuestaria del área a la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Bicameral. La principal intención de los diversos grupos de fiscales era quitar la posibilidad de que el Congreso pueda citar fiscales y que en esa facultad solo quede comprendido el Procurador para evitar presiones del Legislativo. El plan macrista reduce la cantidad de votos necesarios (mayoría absoluta) para que un tribunal de enjuiciamiento eche a un fiscal. Fuentes judiciales estimaron que la iniciativa, al ser tan radical, apuntaba a funcionar como dique ante la catarata de reclamos y que hubiera que hacer menos concesiones al proyecto original para el que parecía haber consenso político. Hay otro borrador de dictamen impulsado por María Laura Leguizamón (Frente para la Victoria) con modificaciones que atendían parte de los reclamos judiciales.
En paralelo, ingresaron 44 pedidos de audiencia y participación dirigidos a los jefes de todos los bloques, sembrados con la firma de jueces y de fiscales. A Guastavino (PJ), presidente de la comisión, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá (titular de la Procuraduría Antilavado) le hizo llegar un oficio firmado por otros 6 fiscales. E incluso vinculada con el área sensible de lavado, el titular de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo hizo llegar otro oficio también firmado por federales de Comodoro Py para asegurar que en la letra de la reforma queden establecidas las Procuradurías y las Direcciones, para que no puedan ser disueltas con la nueva gestión.
Hasta el Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli envió a un emisario del obispado a advertir pérdida de derechos con una eventual reforma. Entre toda la controveria se apilaron más quejas de universidades e incluso de organizaciones civiles internacionales.
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