Quizás lo más saliente de los argumentos en contra de la eventual futura norma fue aportado por el dirigente metalúrgico Manfredo Arheit, quien aseguró con números en la mano que el beneficio alcanzaría a apenas un 25% de la población económicamente activa del país, dejando afuera al resto.
Tal como adelantó este diario el lunes, el vicepresidente de la UIA y abogado laboralista, Daniel Funes de Rioja, dio una extensa explicación sobre la iniciativa ante la junta directiva de la entidad, especie de parlamento en el que están representados sectores y regiones. La calificó de «inoportuna y desmedida», la comparó con las legislaciones vigentes en el resto del mundo, y aseguró: «En ninguna parte se encuentra nada parecido a lo que propone hacer la CGT». Funes de Rioja agregó que en el proyecto «hay algunas cláusulas que abren la puerta a futuros reclamos judiciales», lo que engordaría aún más la ya abotagada industria del juicio.
De todos modos, lo que más asusta del proyecto que propone distribuir un 10% de las utilidades entre los trabajadores y la cogestión de las empresas a través de un comité tripartito (sindicatos, Estado y patronos) es la estructura gremial de la Argentina. Uno de los presentes recordó: «Tenemos un solo gremio por rama de actividad; eso es muy peligroso porque ese gremio va a saber todo de todas las empresas de ese sector; podría darse que algún empresario inescrupuloso les compre los datos de sus competidores a algún sindicalista igualmente inescrupuloso». La argumentación resultó una novedad para varios de los empresarios reunidos, muchos de ellos, pymes.
Sin embargo, el mayor impacto lo causó Arheit, cuando explicó:
«Está claro entonces que el proyecto no mejora la distribución del ingreso, sino todo lo contrario; crea dos categorías de trabajadores, una de primera (los privados en blanco) y de segunda (los empleados públicos y los que están en negro)», aseguró Funes de Rioja.
Otro empresario recordó también que esos balances no pueden ser ajustados por inflación, lo que obliga a las compañías a pagar más impuestos de lo que correspondería en el caso de que se les permitiera actualizar sus cifras de acuerdo incluso con el muy cuestionado IPC oficial.
Finalmente, la «mesa chica» de la UIA, conformada por el presidente Héctor Méndez y un grupo de dirigentes que incluye a José Ignacio de Mendiguren, Luis Betnaza, Adrián Kaufmann Brea y Federico Nicholson, entre otros, se quedó en la sede de la entidad para redactar el duro comunicado que se distribuyó ayer a media tarde. En el documento se dice que:
Esa convocatoria se hará extensiva a todos los afiliados directa e indirectamente a la UIA, por lo que se prevé una presencia masiva de empresarios en la sede de la Avenida de Mayo. La fecha y la hora, también por razones «fácilmente imaginables», no fueron adelantadas.
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